🕒 Última actualización:
agosto 28, 2024
En una decisión unánime, la Corte Constitucional consideró que el acuerdo latinoamericano sobre el acceso a la información, a la participación y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, cumplió con las normas para ser aprobado en el gobierno y el Congreso. El acuerdo estuvo en la cuerda floja porque se discutía si era necesario o no hacer una consulta previa a las comunidades étnicas, y sí afectaría a los proyectos de hidrocarburos que ya tenían licencias ambientales.
La corte determinó que no era necesario hacer una consulta previa a las comunidades porque el Acuerdo no reglamenta nada que las afecte. Además, dijo que se ajustaba al propósito de establecer un entorno seguro para los defensores del ambiente y que los instrumentos para cumplirlo no requieren de una ley estatutaria.
El Acuerdo se firmó en el 2019 bajo el gobierno de Iván Duque en el marco de los compromisos del paro nacional. El documento señala puntos para fortalecer la participación en las decisiones, el acceso a información y la protección de los defensores ambientales. Esta apuesta buscaría hacer frente de esa manera a la crisis climática, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación en América Latina y el Caribe.
