🕒 Última actualización:
septiembre 06, 2024
La Fiscalía comenzó los "actos investigativos" para establecer responsabilidades en la "probable" compra a una empresa israelí, y posterior uso ilegal, del programa Pegasus -usado por varios gobiernos para espionaje político- en junio de 2021, cuando el país estaba bajo protestas sociales, según se conoció ayer en un comunicado. La entidad va a incluir esta investigación en una que ya tiene abierta por las presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales de varias corporaciones de la Justicia, entre ellas a un magistrado de la Corte Constitucional.
El Presidente Gustavo Petro develó un día antes en una alocución presidencial que la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) pagó en efectivo a la empresa israelí NSO Technologies y el dinero "fue transportado por vía aérea desde Bogotá a Tel Aviv el 27 de junio de 2021", donde fue declarado a aduanas e ingresado en la cuenta de la empresa. Sobre la investigación, la Fiscalía agregó que abrirá una nueva línea de trabajo "para investigar judicialmente los hallazgos del informe de transacciones inusuales, mediante el cual la entidad de investigaciones financieras de Suiza habría transmitido a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) el reporte de la compra en efectivo del software espía por once millones de dólares".
El programa israelí Pegasus, creado por la empresa israelí NSO Technologies, es capaz de facilitar escuchas telefónicas, el espionaje de correos electrónicos y de comunicaciones de texto mediante aplicaciones como WhatsApp, y el escaneo de documentos contenidos en la memoria de los teléfonos móviles. La Fiscalía también dijo que se centrará en determinar si la negociación entre la DIPOL y esta empresa se concretó, si la compra efectivamente se realizó, de dónde procedió el dinero, por qué se trasladó en efectivo, si la Policía sigue disponiendo del programa Pegasus y "bajo qué normatividad legal se habría utilizado y dispuesto de él". Colombia ha vivido varios casos de espionaje político, como el de las escuchas ilegales a miembros del Poder Judicial durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), lo que derivó en un escándalo con condenas a algunos de los responsables.
