🕒 Última actualización:
septiembre 10, 2024
Esta mañana, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó en el Congreso de la República la Ley de Financiamiento. Con este proyecto, el gobierno prevé recaudar $12 billones de pesos para el Presupuesto General de la Nación de 2025, a través de un mayor recaudo tributario donde resaltan varios cambios en impuestos para personas naturales y empresas. Dentro de los principales ajustes que contempla esta suerte de Reforma Tributaria, los artículos 20, 21 y 22 hacen referencia a cambios en el impuesto al carbono, creado en 2016 para desincentivar el uso de combustibles fósiles, y se genera cuando ocurre una venta de combustible fósil en el territorio nacional, cuando se importa combustible y cuando un productor hace retiros de combustible para consumo propio.
Este impuesto no tendría un peso relevante en materia de recaudo al país. Como se indica en el documento de la Ley de Financiamiento, este gravamen tiene un peso del 0,23 % en los ingresos tributarios totales del país. Según la cartera de Hacienda, lo anterior “reduce los recursos disponibles para acciones de conservación y mitigación”. Además, para el gobierno, la poca relevancia del impuesto podría indicar que no está cumpliendo su objetivo primario: desincentivar el consumo de combustibles fósiles. Por esto, los ajustes no solo pretenderían tener “más armas” para luchar contra el cambio climático, sino también incrementar el recaudo tributario ante una situación fiscal compleja, como la actual. Actualmente, el impuesto al carbono se grava a una tasa de $25.799,56 por tonelada de CO2, y la nueva ley propone, entre otras cosas, un incremento de la tarifa hasta $75.000 por tonelada de CO2.
Adicional a lo anterior, se propone también nivelar el impuesto al carbono entre combustibles, de manera que las mismas emisiones de CO2 paguen el mismo nivel de impuesto. Estimaciones del equipo técnico del Ministerio de Hacienda indican que el aumento proyectado para las tarifas del impuesto generaría un incremento de 0.15 puntos porcentuales sobre la inflación total del país. Lo anterior responde a preguntas sobre el impacto del impuesto sobre la inflación, pues algunos aseguran que un gravamen a productores e importadores de combustibles se trasladaría hasta los últimos eslabones de la cadena: las estaciones de servicio y, a su vez, al público, impactando también estos últimos.
