🕒 Última actualización:
octubre 15, 2024
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó un informe que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, y en el que acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
Las fuerzas de seguridad estuvieron "involucradas masivamente" en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como presuntos responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional. Entre otras cosas, también señala al Consejo Nacional Electoral, y dice que "incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad". Así mismo a la Asamblea Nacional, "instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático", o el sistema de justicia, que "siguió operando con falta de independencia".
Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de violaciones de derechos humanos, el nuevo documento, que amplía otro informe presentado el 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos, afirma que el perfil de las víctimas de la represión "se amplió de manera significativa" en el periodo electoral abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales, sino también, por ejemplo, a "ciudadanos comunes". El informe también detalla que la represión habría aumentado tras los resultados electorales, cuando las autoridades "pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente".
