🕒 Última actualización:
noviembre 15, 2024
El Presidente Gustavo Petro dejó en firme los nombramientos de 18 exparamilitares y exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en una resolución que trazaría el camino para hacer una mesa de diálogos con ellos, tal como les prometió en octubre, en medio de un evento de víctimas al que asistió el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso. Esta designación sería por seis meses, y no modifica su situación jurídica, ni las medidas de aseguramiento vigentes contra ellos. Tampoco les daría beneficios judiciales. Para el presidente sería necesario tener una mesa porque hay asuntos sin terminar. Dice que los bienes de los paras no se han entregado a las víctimas y también cuestiona la extradición de comandantes como Mancuso a Estados Unidos, diciendo que supondría bloqueos a su proceso con la verdad.
Entre los designados están Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien fue un paramilitar y narco en Antioquia desde los 80 hasta el 2005, año en el que se desmovilizó de las AUC; y Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, quien fue comandante del Bloque Norte de las AUC, condenado por masacres y homicidios. Su hijo es la curul de paz, Jorge Rodrigo Tovar. El gobierno también designó como gestores de paz a miembros de Comuneros del Sur del ELN, en diálogos. Esta decisión ha generado reacciones a favor y en contra, entre ellas los cuestionamientos de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien recordó los crímenes que cometieron en el marco del conflicto armado, refiriéndose directamente a algunos de ellos.
“¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar hoy ‘gestores de paz’ a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido? ¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado?”, dijo. Marín solicitó, entre otras cosas. que la gestoría sea objeto de monitoreo y que sus designaciones tengan un enfoque claro a la reparación de las víctimas. Por eso, sugirió que los nuevos gestores reconozcan públicamente su responsabilidad por los crímenes.
