🕒 Última actualización:
noviembre 28, 2024
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión y multas equivalentes a hasta más de un millón de dólares para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en sanciones extranjeras impuestas al gobierno y autoridades del Estado. La "Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela", incluye también una inhabilitación política de 60 años a quienes incurran en estos "delitos", lo que impediría a los sancionados optar por cargos públicos o de elección popular.
Asimismo, tampoco podrían competir en elecciones quienes hayan "promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución" de "acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos" contra el país, varias de ellas sancionadas por otros países. Para ellos se considerarían penas idénticas de hasta 30 años. También serían multados los medios de comunicación que difundan mensajes que promuevan sanciones o medidas que "afecten a la República Bolivariana de Venezuela" y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, según sea.
La ley también define como "acciones que ponen en riesgo la soberanía" el desconocimiento a (la legitimidad de los) poderes públicos o el reconocimiento de investiduras a sujetos que "simulen" representar el poder público, en un país que celebró elecciones presidenciales en julio, cuyo resultado oficial no es reconocido por varias figuras e instituciones de la comunidad internacional.
