🕒 Última actualización:
noviembre 29, 2024
La Fiscalía imputó por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, implicada en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El caso tiene que ver con la malversación de $46.800 millones de pesos de la Ungrd en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua a poblaciones del departamento de La Guajira mediante contratos que no cumplirían los requisitos técnicos ni legales, lo que resultó en la pérdida del dinero. El escándalo de corrupción fue reportado por la prensa en febrero y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del gobierno, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y también Carlos Ramón González, que renunció en julio pasado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Los principales vinculados al escándalo son los confesos Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, respectivamente. Pinilla ha dicho que el dinero de esa entidad se habría utilizado para pagar sobornos a Iván Name, que fue presidente del Senado, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, a cambio del apoyo a reformas que se discutían en el Congreso impulsadas por el Gobierno Nacional.
En la diligencia de imputación de cargos, la fiscal Cristina Patiño dijo que Ortiz "creó riesgos jurídicamente desaprobados, idóneos y sustanciales al transportar en dos oportunidades las sumas de 1.500 millones de pesos en efectivo para un total de tres 3.000 millones de pesos". Agregó que Ortiz habría recibido esos dineros de "los funcionarios de la Unidad Olmedo López y Sneyder Pinilla derivados de la contratación ilícita de dicha entidad con destino al presidente del Senado de la República, Iván Name". La exconsejera presidencial para las Regiones no aceptó los cargos en la audiencia que fue aplazada por problemas técnicos.
