🕒 Última actualización:
diciembre 27, 2024
El Consejo de Estado decidió el pasado 6 de diciembre declarar civil, administrativa y patrimonialmente responsables a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al municipio de Fundación (Magdalena) y al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación por el incendio de una buseta el 18 de mayo de 2014, que terminó en la muerte de 33 niños y un adulto. La corte revisó unos recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia contra una sentencia del 12 de mayo de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, presentada por las víctimas.
En criterio de los actores, le asiste responsabilidad patrimonial al extremo pasivo, por cuanto se incurrió en un "cúmulo de omisiones", consistentes en no ejercer algún tipo de control de la buseta dispuesta para transportar a más de 60 niños que llevaban a cabo una actividad religiosa en el municipio de Fundación, y en relación con su conductor, lo que conllevó a que el 18 de mayo de 2014 se "incendiara el vehículo" y fallecieran la mayoría de sus ocupantes y los restantes sufrieran graves lesiones. Lo anterior es parte referida de la sentencia. En ese sentido, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia asumiría el 80% de la condena total, lo que serían $18.616 millones de indemnización a la fecha. También, el municipio de Fundación asumirá el 10% de la condena total, unos $2.327 millones; y el Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación asumiría el 10% de la condena total, también equivalente a $2.327 millones.
Refiriendo detalles del incidente, el Consejo de Estado dijo que "siendo las 11:45 a.m. en la vía que de Fundación conduce a Bosconia, Cesar, el vehículo dejó de funcionar y el conductor manipuló gasolina dentro del mismo, sin la precaución de ordenar el descenso de sus ocupantes. Pasados unos minutos, se produjo un incendio en la parte delantera de la buseta, lo que provocó que los niños se aglomeraran en la parte posterior, pero las llamas les impidieron salir, quedando 33 niños y 1 adulto muertos y los demás lesionados". Para la fecha del incidente, el vehículo contaba con 20 años de servicio, la licencia de tránsito estaría cancelada, no reportaba revisión técnico mecánica para transporte público y el seguro obligatorio de accidentes de tránsito estaría vencido. La demanda también menciona que el conductor estaría desvinculado laboralmente de la empresa de transporte Coonortin de Barranquilla, y no tenía tarjeta de conducción vigente.
