🕒 Última actualización:
diciembre 15, 2024
El Tiempo reportó una investigación que muestra inconsistencias y presuntas irregularidades señaladas por la Procuraduría en la ejecución de un programa de subsidios del Gobierno Nacional, gestionado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y el Departamento de Prosperidad Social (DPS), que incluye transferencias por $29.392 millones de una fiducia destinada a subsidios para afectados por el Fenómeno de La Niña.
En diciembre de 2022, el gobierno lanzó un programa para la “soberanía alimentaria” y con objetivos para combatir el hambre, que incluía una transferencia de $500.000 a hogares en extrema pobreza, especialmente a mujeres. Sin embargo, se dijo que parte de los fondos provino de la Ungrd, lo que ha cuestionado la legalidad y ejecución del programa, según, entre otros, la Procuraduría. Habría ocurrido cuando Javier Pava era director de la Ungrd y Cielo Rusinque era directora del DPS. Según el ente, existirían indicios de cédulas inexistentes y dobles pagos en el programa.
Entre otras cosas, la Procuraduría ha cuestionado la legalidad de los giros realizados por la Ungrd, argumentando que no se habría seguido el Plan de Acción Específico (PAE) exigido en situaciones de emergencia. Por su parte, el Banco Agrario, encargado de distribuir los subsidios, reportó un desfase entre lo girado y lo pagado, y dijo que ha reintegrado los fondos no utilizados. Carlos Carrillo, director de la Ungrd, defendido que cualquier sobrante (remanente) sería utilizado en ciclos futuros de subsidios, argumentando legalidad. También mencionó que las primeras acciones frente a una emergencia no requerirían un PAE, y su entidad solicitó una rendición de cuentas al Banco Agrario para entender la distribución detallada de los recursos.
