🕒 Última actualización:
abril 05, 2025
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó una condena solicitada por la Fiscalía General de la Nación contra el exmagistrado Camilo Humberto Tarquino por el delito de concusión (cuando se abusa del cargo en beneficio) como interviniente. La pena contemplada por tal delito es de seis años de prisión, el pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 60 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Tarquino, según la Fiscalía, fue una de las figuras vinculadas al denominado Cartel de la Toga. De acuerdo con la acusación, el exmagistrado se reunió en varias oportunidades en un apartamento del norte de Bogotá, en 2014, con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para hablar sobre las indagaciones que se seguían por las irregularidades de contratación en el departamento y su posible participación en el Cartel de la Hemofilia.
La investigación realizada por la Fiscalía estableció que el exfuncionario pidió dinero en dos de los cuatro encuentros conocidos para facilitar acercamientos con personas o funcionarios que conocían detalles sobre los asuntos por los que era investigado el exmandatario departamental o podrían impedir actuaciones en su contra. En ese sentido, y según el expediente, Tarquino le exigió $20.000 millones a Lyons para “ayudarle” con las investigaciones que se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia. El entonces presidente de la Corte Suprema en 2011 le dijo a Lyons que conocía al fiscal que llevaba su caso y que podía “persuadirlo” para que le ayudara. El exgobernador de Córdoba era investigado en ese momento por un desfalco al departamento, entre 2011 y 2015, de hasta $87.000 millones.
En 2023, un juez que lo condenó en primera instancia lo señaló como responsable de aprovechar su posición para incidir en las investigaciones en contra de Lyons. Ahora, con este fallo en segunda instancia, la condena contra el exmagistrado quedó en firme. Camilo Humberto Tarquino es un abogado de Ibagué, y llegó a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema en junio de 2004. En 2011 asumió como presidente de la alta corte. Cuando la Fiscalía lo llamó a juicio por el Cartel de la Toga, señaló que junto a los también expresidentes del alto tribunal, Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, habría participado en la red para cobrar sobornos millonarios a políticos investigados para que sus casos fueran archivados.
Vía: El Colombiano
