🕒 Última actualización:
abril 11, 2025
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció que más de 200 migrantes venezolanos deportados a El Salvador por el Gobierno de Estados Unidos, acusados de pertenecer a la banda transnacional Tren de Aragua, se encontrarían en una situación de "desaparición forzada y detención arbitraria". El 15 de marzo, EEUU envió a 238 venezolanos a El Salvador, donde el gobierno del Presidente Nayib Bukele los encarceló en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel destinada originalmente para 40.000 miembros de pandillas locales. HRW indicó en un comunicado que entrevistó a cuarenta familiares de las personas enviadas a El Salvador y agregó que "los venezolanos permanecen incomunicados" desde su traslado a ese país. Los familiares habrían indicado, según la organización, que "los funcionarios salvadoreños no les han dado respuestas y que las autoridades estadounidenses afirmaron que no podían compartir ninguna información sobre el paradero de sus familiares".
"Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos", dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. "La crueldad de los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso", afirmó. HRW llamó a las autoridades estadounidenses a "hacer pública la identidad de los venezolanos que fueron trasladados a El Salvador" y al gobierno salvadoreño a "confirmar el paradero específico de los detenidos, revelar si existe alguna base legal para su detención y permitirles el contacto con el mundo exterior". La ONG envió una carta a las autoridades salvadoreñas el 5 de abril solicitando información sobre la identidad de los detenidos, sus condiciones de detención en el Cecot y el fundamento jurídico de su detención, "pero el Gobierno de El Salvador no ha respondido", mencionó.
Los familiares de los detenidos entrevistados por Human Rights Watch habrían precisado que las autoridades estadounidenses de migración les habrían avisado de que serían devueltos a Venezuela, y no que serían enviados a El Salvador. Según el derecho internacional, "una desaparición forzada se produce cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar su estado o paradero", remembró HRW. La Casa Blanca anunció el martes que el Presidente Donald Trump se reuniría el lunes con Bukele, quien ha aceptado encarcelar en su país a migrantes expulsados por Washington. A propósito de todo, una jueza federal en EEUU ordenó a ese gobierno a tomar las medidas posibles para facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error pese a tener estatus legal protegido desde 2019. Ábrego fue expulsado junto a otras personas acusadas sin pruebas de pertenecer a pandillas. Aunque la administración reconoció el "error administrativo", ahora lo vincula con la banda MS-13 y dice que no podría repatriarlo por estar detenido en El Salvador. La Corte Suprema respaldó la indicación de la jueza. El caso ha continuado en el foco tras varios días. El reporte está en desarrollo.
Vía: DW • EFE • HRW • AFP • AP
