🕒 Última actualización:
abril 08, 2025
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 28 exintegrantes del Ejército por su presunta participación en 604 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 en la región Caribe. Se trata del mayor número de víctimas atribuido a falsos positivos desde que existe la jurisdicción. Las víctimas fueron presentadas como bajas en combate en siete departamentos, y entre ellas hay 26 menores de edad y 31 indígenas Wayuú, Wiwa y Kankuamo. La investigación involucró a 19 unidades militares.
Entre los imputados están tres mayores generales, dos brigadieres generales y una veintena de oficiales y suboficiales que operaban en las brigadas Segunda, Décima y Décima Primera del Ejército. Se trata de Hernán Giraldo (habría tendido vínculos con paramilitares de las Autodefensas Unidas, AUC), Jorge Enrique Navarrete (igual que Giraldo), Raúl Antonio Rodríguez (vínculos con el "Ñeñe Hernández"), Fabricio Cabrera, Adolfo León Hernández, entre otros. Según la JEP, los crímenes respondieron a una política institucional que premiaba las bajas, sancionaba a quienes no las lograban y encubriría las irregularidades. Entre 2004 y 2007 se cometieron 517 de los 604 asesinatos. En 2007 se registró el pico más alto: 257 víctimas.
La JEP habría identificado dos patrones principales. El primero, presentar a las víctimas como integrantes de grupos armados ilegales. El segundo, atraer a personas vulnerables con falsas ofertas de trabajo para luego asesinarlas. Bajo esta última murieron 343 personas en 59 municipios. Las pruebas se sustentan en documentos militares, procesos de la justicia ordinaria y testimonios de comparecientes que detallaron cómo operarían estas estructuras criminales dentro del Ejército. Las ejecuciones habrían sido parte de un patrón sistemático con conocimiento dentro de las Fuerzas Militares. Uno de los casos más conocidos es el del Batallón La Popa, en Cesar, donde el excomandante Publio Hernán Mejía enfrenta juicio por negarse a reconocer su responsabilidad, pese a pruebas en su contra. El expediente reafirma que los falsos positivos no solo se originaron en Antioquia, sino que se expandieron a otras regiones como la Costa Caribe.
Vía: La Silla Vacía • El Espectador
