🕒 Última actualización:
abril 10, 2025
El sector energético continúa en el ojo público. Gremios han rechazado la postura del Gobierno Nacional en modificar la fórmula tarifaria al decir que, según ellos, no cumpliría con los criterios técnicos y que generaría “riesgos económicos desproporcionados”. A lo anterior se sumó la postura de la Contraloría General, que advirtió que el no pago de subsidios de energía aumentaría las tarifas más de 120%. Con corte a marzo de este año, son cinco empresas del sector las que superan el promedio nacional en el precio unitario del kilovatio-hora. En primer lugar está Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Cens, con una cifra de $1.011,7. En segundo lugar está Essa, con un valor de $1.009,9; Electrohuila es la tercera empresa que tiene el valor más alto, pues en marzo llegó el kilovatio hora a $1.002,9, a pasar de $969 en febrero. Para cerrar las empresas que están sobre el promedio nacional, también están Celsia Tolima ($995,9) y Celsia Valle ($977,1).
En medio de la incertidumbre por el alza de tarifas, el Presidente Gustavo Petro cuestionó a las empresas generadoras del país, al decir que no habrían mostrado disposición para acogerse a una fórmula legal vigente que fija límites razonables a las tarifas, particularmente en lo relacionado con la energía producida por fuentes hídricas y solares (que, al tener costos de producción más bajos, deberían reflejar precios más accesibles para los usuarios). También, que expedirá un decreto para fijar un tope al porcentaje de energía que las empresas pueden vender en la bolsa de energía, lo que limitaría esa participación al 5% del total generado, para evitar que la mayor parte de la energía esté sujeta a la especulación del mercado diario. Esto porque, según él, el modelo actual permitiría que algunas generadoras abusen de su posición dominante, incrementando 'artificialmente' los precios. Estas declaraciones generaron reacciones también por parte del Comité Intergremial del sector energético (Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, Ser Colombia y la ACP), que rechazaron lo dicho.
Según estos últimos, los señalamientos serían “imprecisos” y no ayudarían a resolver una crisis que debería abordarse con base en información verificable. Además, que intervenir el mercado mediante decretos pondría en riesgo la seguridad jurídica y desincentivaría la inversión, especialmente en energías renovables. Asímismo, aseguraron que las tarifas actuales serían legales y responderían a la regulación vigente, y que el alza en los precios se debería a una verdadera estrechez entre oferta y demanda, no a una manipulación. El 7 de abril, durante un Consejo de Ministros, Petro anunció un cambio en la política de subsidios para los servicios de energía en los estratos 1, 2 y 3. A través del programa Colombia Solar, el gobierno pretendería reemplazar progresivamente los subsidios monetarios actuales por la entrega de paneles solares a hogares más vulnerables. Aclaró que no se eliminarían los subsidios, sino que se transformarían en ayudas en especie. Por otra parte, el gobierno también anunció que la deuda acumulada por la "opción tarifaria" (una medida adoptada durante la pandemia para evitar alzas súbitas en las tarifas) debería ser asumida por los estratos 4, 5 y 6, así como por el sector comercial e industrial. La polémica continúa.
Vía: La República • El Tiempo • La FM de RCN • Infobae • Caracol Radio • Vanguardia
