🕒 Última actualización:
abril 06, 2025
Miles de personas se manifestaron ayer en 40 ciudades de España en protesta por los precios y la escasez de vivienda, convocadas por asociaciones de inquilinos y movimientos vecinales que exigen una rebaja del 50% en los alquileres y terminar con los rentistas, entre otras reclamaciones. Los manifestantes marcharon contra el "negocio" de la vivienda y exigir la bajada del precio de unos alquileres que, según denuncian, cada vez serían más altos e inaccesibles. Más de 4.000 entidades de España se adhirieron a esta convocatoria. Por la tarde, miles de personas volvieron a la calle en Barcelona, como hicieron el pasado 23 de noviembre.
En Andalucía (sur) hubo protestas en varias capitales, entre ellas Málaga, una de las ciudades españolas donde más se encarecieron las viviendas en los últimos años y cuyos habitantes se han manifestado tres veces por el mismo asunto en menos de un año. Los convocantes piden contratos de alquiler indefinidos, la recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada, que se prohíba la compra de casas si no es para vivir en ellas, que se "desarticulen" los grupos de desocupación y la ampliación del parque público de vivienda. El foco de sus cuestionamientos es el Gobierno de España, al que acusan de presuntamente estar del lado de los "rentistas" y no hacer nada para frenar la especulación, las inmobiliarias, los portales y las plataformas de alquiler turístico.
La ministra española de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo en su cuenta de X: "Muchas personas han salido a la calle para reclamar algo que comparto: las viviendas deben ser para vivir y no para especular. Solo lo lograremos si todas las administraciones nos comprometemos por igual". La portavoz del gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, instó a las regiones -las "principales responsables" y "competentes" para ello- a que apliquen la ley de vivienda. El Banco de España calculó que harían falta cerca de medio millón de casas para cubrir la demanda, al tiempo que el sector denuncia la falta de suelo finalista (terreno que se puede edificar directamente) y el bloqueo de la reforma de la ley de suelo, una falta de agilidad en los trámites y licencias y una elevada carga impositiva que soporta la vivienda.
Vía: DW • EFE • AFP • AP • DPA • Cadena SER
