🕒 Última actualización:
mayo 08, 2025
Una controversia se ha generado luego de una denuncia de presunta violencia laboral basada en género interpuesta por la docente, Inés Yohanna Pinzón contra el Rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía, su exesposo. Mejía y la vicerrectoría de Desarrollo Humano, a la que pertenece la Unidad de Género, emitieron comunicados en respuesta al escándalo. En este, manifestó que tendría disposición para colaborar con cualquier solicitud de los órganos de control, mencionando que no ha sido vinculado formalmente a ningún proceso. En su comunicado, dijo que tendría respeto por los principios de justicia, equidad y debido proceso, refiriendo que la universidad debería seguir siendo un espacio donde prevalezcan el pensamiento crítico, la dignidad humana y la justicia.
Por su parte, la Unidad de Género de la universidad también se pronunció el martes, y dijo que en cumplimiento de protocolos institucionales y para 'garantizar transparencia e imparcialidad', el caso fue remitido a la Procuraduría Regional, que es liderada por Constanza Vargas, quien trabajo años atrás con el rector Mejía en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué; según reportó El Cronista. El hecho de que Mejía no haya sido vinculado a ningún proceso interno de control o investigación, así como la remisión del caso a la Procuraduría Regional tres meses después de interpuesta la denuncia, han derivado en cuestionamientos hacia la institución por parte de la comunidad académica, que considera estas decisiones como inacción institucional. Además, el movimiento estudiantil también ha ahondado en el asunto, y recientemente se conoció un comunicado de la Asamblea de Mujeres (de la que hicieron parte estudiantes, docentes, trabajadoras y directivas).
Y es que en el marco de esta asamblea universitaria, se declaró el estado de emergencia institucional frente a las violencias basadas en género (VBG), en respuesta a la situación. Allí, se exigió que el rector se aparte del cargo mientras se resuelve el proceso judicial en su contra. También, se comentó una persistencia de casos que consideran ignorados en facultades como Ciencias de la Educación, una inoperancia del protocolo de atención a víctimas y una falta de apoyo institucional. Entre los primeros acuerdos, se planteó la realización de una audiencia pública y la posibilidad de acciones de hecho en caso de no obtener respuestas por parte de las directivas. Recientemente, se han desarrollado asambleas estudiantiles por carreras universitarias y facultades para abordar este tema. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Cronista • Universidad del Tolima
