🕒 Última actualización:
mayo 30, 2025
Un alerta conjunta de organizaciones no gubernamentales venezolanas fue emitida esta semana, luego que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, las acusara de presuntamente ser parte de una red de terroristas. Cabello dijo que se habría dado un golpe a la "delincuencia organizada" y que habría logrado "desmantelar" un supuesto plan para sabotear las elecciones del domingo, 25 de mayo, en las que, según él, pretenderían causar explosiones en centros de votación, hospitales y zonas petroleras. En un organigrama de bandas terroristas ubicó a PROVEA, Foro Penal, Médicos Unidos por Venezuela y Maracaibo Posible; organizaciones que mantienen diariamente denuncias de detenciones arbitrarias y refieren violaciones graves de derechos humanos.
"Rechazamos estas graves acusaciones infundadas, que buscan desacreditar el trabajo de denuncia de graves violaciones y acompañamiento a las víctimas. Este ataque ocurre en medio de una escalada represiva en #Venezuela bajo la Operación Tun-Tun", como llama el gobierno a los operativos policiales que ejecutarían detenciones sin órdenes judiciales ni garantías de defensa, según reportó NTN24. En la más reciente detención masiva, previo a las elecciones, se detuvo, entre otros, al colaborador de la opositora María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, y otras 69 personas registradas por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. En total se habrían realizado más de 70 detenciones que han sido consideradas arbitrarias, 'desapariciones forzadas, hostigamiento y amenazas, restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica'. A propósito de Guanipa, Cabello dijo que unos teléfonos incautados a este contendrían pruebas de un presunto plan terrorista para sabotear las elecciones recientes, incluyendo ataques a infraestructuras críticas, embajadas y sedes diplomáticas, coordinados con extranjeros y financiados ilícitamente; sin embargo, no se han presentado pruebas independientes para estas afirmaciones.
El abogado y defensor laboral Eduardo Torres, integrante de PROVEA, fue detenido el 9 de mayo y permanece aislado en el Sebin Helicoide, sin contacto con su familia ni abogados. Este se suma a los defensores Rocío San Miguel y Javier Tarazona, también acusados sin aún argumentarse pruebas. "Todos los miembros de PROVEA tienen medidas de protección de la CIDH, que ha reconocido el riesgo por la labor de defensa de los Derechos Humanos en el país. Nada apartará a PROVEA con sus 36 años de trabajo ininterrumpido por la verdad, la justicia y los derechos humanos en Venezuela. Seguiremos junto a las víctimas, exigiendo justicia y garantías de no repetición", decía un comunicado. Médicos Unidos de Venezuela (MUV) reaccionó, al decir que el gobierno intentaría criminalizar a organizaciones de la sociedad civil. MUV rechazó estas afirmaciones, refiriendo su labor humanitaria y señalando que sus denuncias sobre la crisis del sistema de salud no podrían considerarse actos delictivos. La ONG, fundada en 2014, ha sido cuestionado constantemente una precariedad médica en Venezuela. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: NTN24 • Infobae • EFE • El País (España) • Reuters • CNN
