🕒 Última actualización:
mayo 29, 2025
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra Ecopetrol por presuntas irregularidades en un contrato suscrito por su junta directiva con la firma estadounidense Covington & Burling LLP. Dentro de las actividades contratadas estaría “interceptar comunicaciones internas a funcionarios de la entidad”. En contexto, en una investigación, El Tiempo reportó que Ecopetrol firmó un contrato de casi 6 millones de dólares (unos $24 mil millones) para medir el impacto en la Bolsa de Valores de Nueva York de las acusaciones de corrupción contra Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal. Por su parte, Revista Semana reportó un documento que habría autorizado la captura de información corporativa de al menos 70 funcionarios de Ecopetrol, incluyendo miembros de la Junta Directiva y el mismo Roa.
Esta medida también habría estado relacionada con la evaluación de las consecuencias legales y reputacionales de las acusaciones sobre el desempeño de la empresa. En ese sentido, la Procuraduría solicitó a Ecopetrol la copia del contrato suscrito con la firma Covington & Burling LLP, incluyendo sus modificaciones, otrosíes y documentos de respaldo, así como el acta de autorización de la Junta Directiva. Además, la Procuraduría pidió memorandos sobre retención de documentos emitidos a finales de 2024 y la lista de funcionarios que acataron la orden. La Contraloría también pidió explicaciones, y ordenó al presidente de Ecopetrol entregar en un plazo de cinco días la información relacionada con los contratos firmados con la empresa Statkraft European Wind and Solar Holding AS para proyectos eólicos y solares. Entre los documentos solicitados se encuentran copias del contrato, la relación de pagos realizados con sus soportes, facturación, entregables del contratista y el estado actual del acuerdo.
La junta directiva de Ecopetrol emitió un comunicado en el que dijo que sus integrantes no habrían autorizado la firma del otrosí (modificación del contrato) con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, que aumentó el contrato de 875 mil dólares a 5.8 millones. Sobre esto, indicaron que habría sido firmado sin consulta previa. Además, detallaron que el presidente, Ricardo Roa, no habría estado involucrado en ningún proceso. Además, anunció la suspensión del contrato con Covington & Burling. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • El Tiempo • Revista Semana • Infobae
