🕒 Última actualización:
mayo 11, 2025
La Procuraduría General de la Nación reiteró un requerimiento formal a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, y al secretario de Desarrollo Social, para garantizar un cumplimiento de las obligaciones legales en la atención integral a las víctimas del conflicto armado, especialmente en lo relacionado con la entrega de ayudas humanitarias inmediatas (AHI).
La solicitud de la Provincial de Instrucción de Ibagué advirtió por tercera vez una ausencia de acciones efectivas por parte de la administración, que desde finales de 2024 no habría garantizado la entrega de las ayudas que por ley les corresponde a las personas en situación de vulnerabilidad derivada de hechos victimizantes. El ente de control refirió que, según lo informado por representantes de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas y verificado por medio del sistema CIPRAT, el municipio no contaría actualmente con contrato o convenio vigente que permita la ejecución de estas ayudas, lo que incumpliría lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y su reforma mediante la Ley 2421 de 2024.
Finalmente, el Ministerio Público reiteró que las autoridades locales están en la obligación de garantizar recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para dar cumplimiento a los planes y programas de prevención, protección, reparación integral y garantías de no repetición, así como a los mecanismos propios de la justicia transicional.
Vía: Caracol Radio
