🕒 Última actualización:
junio 16, 2025
La Contraloría Municipal de Ibagué reportó que el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) presentaría irregularidades contractuales, tras una denuncia del concejal Jorge Bolívar (Partido Conservador). En una auditoría especial, el ente de control habría identificado 14 hallazgos administrativos con posible incidencia fiscal, disciplinaria y penal. Entre los más relevantes se encuentran contrataciones con falencias en justificación, falta de afiliación a la ARL, incumplimientos en los objetos contractuales y una presunta ausencia de supervisión efectiva, además de omisiones en los sistemas de contratación pública como SECOP y SIA Observa.
El informe mencionó además que entre 2023 y 2024 la contratación por prestación de servicios en el SETP habría aumentado más del 58%, pasando de $1.512 millones a $2.636 millones. Este incremento no habría estado acompañado por una mejora en la ejecución del proyecto ni en la calidad de la contratación. Sobre esto último, se habrían evidenciado pagos sin sustento técnico, incongruencias en la experiencia laboral de los contratistas y problemas en la determinación de honorarios. Esto habría derivado en un presunto detrimento patrimonial de más de $156 millones, monto que fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal. Además de las irregularidades en la contratación, la Contraloría dijo que el avance físico del SETP llegaría solo a un 10%, lo que incumpliría más del 60% de los ítems definidos en el documento CONPES 4017 de 2020.
Obras como la infraestructura vial de la Carrera Quinta y la Avenida Jordán, la instalación de paraderos, y la implementación de sistemas de control y recaudo estarían suspendidas o sin ejecución. Esto representaría afectación al derecho a la movilidad de los ciudadanos, al no haber cumplimiento del objetivo principal del proyecto. Finalmente, el informe aclara que la Contraloría Municipal solo tendría competencia sobre los recursos de origen local, mientras que los fondos nacionales destinados al SETP serían responsabilidad de la Contraloría General de la República. El reporte está en desarrollo.
Vía: El Olfato • El Cronista
