🕒 Última actualización:
junio 02, 2025
El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, anunció una orden de captura contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el exministro Iván Velásquez (hoy embajador de Colombia en el Vaticano). Según el comunicado del Ministerio Público de ese país, Velásquez y Camargo son solicitados por presuntos delitos relacionados con Odebrecht. Ambos son exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). “La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 300 mil millones de quetzales”, dijo el fiscal, y agregó que solicitó activar la circular roja de Interpol.
Entre 2014 y 2017, el exministro lideró la Cicig de ese país, que fue creada tras un acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco. Camargo también hizo parte de la Comisión, se desempeñó como Jefe del Departamento de Investigación y Litigio, y era la mano derecha de Velásquez. Durante la gestión del exministro, la Comisión y la Fiscalía de Guatemala desmantelaron redes de corrupción, incluyendo el conocido caso del expresidente Otto Pérez Molina. Por ese motivo, en 2017 el expresidente Jimmy Morales declaró a Velásquez “persona non grata” y ordenó su expulsión del país. En enero de 2023, la Fiscalía de Guatemala anunció que emprendería acciones legales en contra de Velásquez por su participación en la Comisión, por presuntos hechos de corrupción relacionados con Odebrecht. El exministro fue acusado de presuntamente permitir la aprobación de acuerdos de cooperación con directivos de Odebrecht en 2017 que, según la Fiscalía de ese país, habrían sido anómalos. En ese momento, según el New York Times, se habría dicho que la investigación sería parte de “una ofensiva de hace años contra funcionarios que buscan erradicar la corrupción en el país”. Curruchiche, el fiscal que realizó el anuncio, estuvo en la mira de Estados Unidos por presuntamente obstruir investigaciones de corrupción.
Velásquez y Camargo no podrían ser procesados por su paso en la Cicig, según la ONU. En 2023, cuando Guatemala anunció la investigación contra el exministro, la ONU dijo que por los términos que reglamentan la Cicig en Guatemala, aquellos funcionarios que hicieron parte de ella “gozan de privilegios e inmunidad y que esta continúa pese a que ya sean exfuncionarios de la misma”. Tras la orden de captura internacional, la Cancillería del país calificó la medida como 'infundada' y un 'atentado' contra la justicia internacional. Velásquez reaccionó por su parte que se trataría de una 'persecución política' impulsada por fiscales guatemaltecos 'sancionados por corrupción', señalando que tanto Curruchiche como la fiscal general de ese país habrían sido sancionados por EEUU y la UE por esto.
Vía: La Silla Vacía • New York Times • El Espectador
