🕒 Última actualización:
junio 04, 2025
Los gobiernos de Guatemala y Colombia rechazaron las órdenes de captura emitidas por la Fiscalía guatemalteca contra Iván Velásquez, exministro del país y embajador en el Vaticano, y Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia. Ambos fueron acusados de presuntos delitos como asociación ilícita y obstrucción de justicia por la fiscalía guatemalteca, señalada por presunta corrupción y sancionada internacionalmente. El Gobierno de Guatemala argumentó que la orden carecería de sustento jurídico y vulneraría acuerdos internacionales, mientras que el Presidente Gustavo Petro acusó al ente acusador de 'servir al crimen'. Camargo y Velásquez denunciaron 'persecución política' orquestada por autoridades guatemaltecas señaladas de corrupción, en medio de un contexto de polarización institucional en ese país. El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo que Velásquez — y Camargo tienen inmunidad por su labor como parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). También, refirió una preocupación del secretario general por “los numerosos informes que indican que se están llevando a cabo procesos penales contra quienes intentaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el Estado de derecho y el sistema de justicia en Guatemala”. Este miércoles, 4 de junio, se conoció que el presidente Petro prohibió la entrada a Colombia de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Petro acusó a la Fiscalía guatemalteca de “obedecer al crimen” y ordenó formalizar la medida.
A propósito de Camargo, esta anunció que Diego Marín, alias Papá Pitufo y señalado como el “zar del contrabando”, será llevado a juicio. Aunque el Tribunal Supremo de Portugal negó su extradición y libertad, Camargo mencionó que sería probable que su extradición se de próximamente. Marín, prófugo desde hace más de una década, tomó relevancia política tras ser acusado de presuntamente infiltrar la campaña presidencial de Gustavo Petro con $500 millones. Revista Cambio reportó entonces que habría entregado $300 millones a través de Xavier Vendrell, sin el conocimiento de Petro, quien dijo que habría devuelto el dinero al saber su procedencia. Y a propósito de este, en un Mensaje a la Nación, el presidente Petro mencionó presuntas amenazas que ha denunciado, como volquetas con explosivos y francotiradores el 20 de julio de 2024, y criticó a la Dipol por no hallar pruebas. Según él, haría parte de un 'complot jurídico' de sectores “neonazis” para desestabilizar el gobierno, relacionado también con un caso de 'Papá Pitufo', donde refirió que presuntamente EEUU querría llevárselo para que declare en su contra, y las solicitudes de Guatemala contra Velázquez y la fiscal Camargo. Además, de lo anterior, Petro indicó que una organización de "extrema derecha" llamada la "Junta del narcotráfico de Dubái", supuestamente vinculada con el Clan del Golfo y disidencias Farc, estaría planeando asesinarlo. Refirió que en 2022 hubo un intento de atentado frustrado cerca de la Casa de Nariño, con un arma rusa, y sugirió que la fuente de esta información habría sido Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
En la alocución, Petro también anunció que convocará por decreto una Consulta Popular con 12 preguntas, a pesar de que el Senado la hundió. Dijo que la votación en el Congreso habría sido irregular y criticó al senador Efraín Cepeda (Partido Conservador), señalando que nunca hubo un verdadero concepto (decisión) del Senado. Esta decisión fue respaldada por el ministro de Interior, Armando Benedetti, y constitucionalistas afines como el exfiscal Eduardo Montealegre. Petro anticipó también que la Corte Constitucional podría revisar la legalidad del decreto si se presenta una tutela. No obstante, lo más probable es que el decreto enfrente primero un examen del Consejo de Estado, que podría suspenderlo mediante una medida cautelar. Es probable que la iniciativa sea anulada, según La Silla Vacía. Este miércoles, 4 de junio, de conoció que siete partidos políticos (Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, La U y ASI) rechazaron la intención de Petro de convocar la consulta mediante decreto, calificándola de “unilateral” e “inconstitucional”. En un comunicado conjunto, solicitaron a las cortes y organismos de control actuar con 'independencia' y 'legalidad'. El registrador Hernán Penagos deberá decidir si procede con la organización de la consulta o espera un fallo del Consejo de Estado.
Vía: NTN24 • La Silla Vacía • Revista Cambio
