🕒 Última actualización:
agosto 29, 2025
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha desatado amplia controversia entre el Ministerio de Educación, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué por la financiación del servicio en 2025, además de generar confusión en la opinión pública. El ministro José Daniel Rojas desmintió al secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, calificando sus afirmaciones como “injuriosas y equivocadas”, luego de que Bedoya asegurara que el Gobierno Nacional solo aportaría $60.000 millones de los $98.000 millones que, según él, le corresponderían al PAE en el departamento, lo que implicaría un incumplimiento a la Ley 2167 de 2021, que ordenaría cubrir el 85% del programa. Según Bedoya, la desfinanciación obligaría a suspender la alimentación escolar el 26 de septiembre. Rojas respondió asegurando que el Ministerio ya habría realizado giros al departamento superiores a los $60.000 millones y negó cualquier “desmonte” del programa, acusando al secretario de difundir “mentiras” y esperando que estas declaraciones se deban a un ‘desconocimiento’ y no a un 'intento deliberado de desinformar'.
El ministro insistió en que el PAE sería un esquema de cofinanciación en el que las entidades territoriales también deberían aportar según su capacidad fiscal, señalando que algunos gobernadores y alcaldes pondrían recursos adicionales 'para completar la financiación'. Además, que el Gobierno Nacional habría aumentado los recursos del programa en un 62% entre 2022 y 2024 y que, si se aprueba la nueva ley de financiamiento, se sumarían $1 billón más. En lo que pretendería reforzar la supervisión, anunció un decreto que otorgaría a la Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) competencias de inspección y vigilancia. Mientras tanto, Bedoya instó al Ministerio a no convertir el tema en un “debate mediático” y a instalar mesas técnicas para 'buscar soluciones' al déficit, al manifestar que “la alimentación escolar no es un debate mediático, es una obligación” y que la Nación debería cubrir el faltante, que también afectaría a otras 52 entidades territoriales en el país. En paralelo, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, afirmó que la ciudad tendría un déficit de $3.600 millones para completar el calendario del PAE para más de 30 mil estudiantes y pidió al Ministerio abrir un canal directo con la UAPA 'para gestionar los recursos faltantes'.
Según una versión reciente de la UAPA, la Gobernación del Tolima presuntamente desfinanció el PAE en unos $14 mil millones, 'reduciendo la cobertura' de 85 mil a 77 mil estudiantes en 2025, a pesar del aumento de recursos. La UAPA desmintió al secretario de educación de Tolima, señalando que el traslado del 99% de los fondos ya se habría realizado y que la gobernación no habría entregado el Plan Financiero Territorial 'necesario para la correcta asignación de recursos'. El director de la UAPA, Sebastián Rivera, mencionó que la gobernación solo habría aportado $1.170 millones este año, 'incumpliendo la ley', y que el presupuesto habría sido solicitado ante la Asamblea del Tolima únicamente en agosto (para mayor contexto, visitar el blog). También, que se habría evidenciado una 'falta de seguimiento' al contrato con el operador del PAE y un aumento del 7% en el precio de la ración escolar, superior al IPC y al promedio nacional. La UAPA alertó a la Procuraduría y la Contraloría sobre 'riesgos' de la 'deficiente planeación' de la gobernación y que en 2023 y 2024 no se habrían ejecutado $8 mil millones destinados a canastas alimentarias. Además, instó al departamento a 'gestionar recursos mediante regalías', estrategia que habrían usado otras entidades 'con mejores resultados' en la alimentación escolar. Aunque todas las partes coinciden en la importancia del programa, la disputa evidenciaría tensiones por la distribución de responsabilidades financieras entre la Nación y las autoridades locales, mientras la polémica persiste. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Irreverente • Caracol Radio • RTVC
