🕒 Última actualización:
agosto 21, 2025
La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el representante a la Cámara David Racero (Pacto Histórico) por presunta comisión del delito de concusión (obligar o inducir a alguien a darle un beneficio indebido). La investigación se centra en presuntas irregularidades dentro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), donde se le acusa de haber utilizado a sus colaboradores para labores personales, incluyendo la atención de un supermercado de su propiedad, conocido como el “escándalo del Fruver”. Además, se le señala de presuntamente haber exigido a miembros de su equipo transferencias de dinero con parte de sus salarios.
El magistrado César Augusto Reyes ordenó la práctica de pruebas, incluyendo chats y registros de comunicaciones entre Racero y su exasistente Jhon Leonardo García, así como certificaciones laborales y constancias de pago. Las empresas de telefonía habrían sido requeridas para enviar información sobre las torres de telefonía utilizadas entre 2020 y 2022, en lo que pretendería esclarecer la relación laboral y determinar la autenticidad de los mensajes de WhatsApp implicados. La Corte buscaría determinar si estas conductas configuraron un uso indebido de la UTL con fines personales y económicos. Paralelamente, el Consejo de Estado avanza en un proceso que podría llevar a la pérdida de investidura de Racero, también conocida como “muerte política”. Este proceso se basa en audios revelados por El Reporte Coronell, del periodista Daniel Coronell, que supuestamente muestran al congresista negociando puestos en el SENA y otros 'favores'. El demandante, abogado Samuel Ortiz, dice que Racero habría incurrido en 'tráfico de influencias', y la Sala de Decisión del Consejo de Estado decretó once pruebas documentales y testimoniales para determinar la veracidad de estas acusaciones.
Entre las pruebas decretadas se incluyen informes periodísticos, registros de llamadas, contratos y documentación relacionada con la presunta participación de su tío José Mayorca y funcionarios del SENA, como Jesús Alberto Namén. Además, se solicitó un informe técnico de peritos informáticos de la Fiscalía y la Dijín para validar los mensajes de WhatsApp publicados en medios de comunicación. Tras el análisis de estas pruebas, se programaría una audiencia pública para escuchar al demandante y a la defensa de Racero antes de emitir un fallo definitivo. La investigación de Racero también se encuentra en el ámbito disciplinario ante la Procuraduría, y hasta ahora el Consejo de Estado ha negado la solicitud de multarlo por supuestas irregularidades en la notificación de la demanda. El escándalo golpea especialmente a Racero, pues principal bandera desde que llegó al Congreso habría sido 'luchar contra los privilegios políticos y el clientelismo'. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: W Radio • Infobae • La Silla Vacía
