🕒 Última actualización:
agosto 28, 2025
La Corte Suprema de Justicia desestimó la tutela presentada por la Universidad del Tolima contra un fallo del Tribunal Superior de Ibagué en un caso de violencia laboral basada en género, en lo que habría respaldado los derechos de la profesora y abogada Inés Inés Yohanna Pinzón. Según reportes, la sentencia confirma que las tutelas no son procedentes contra decisiones judiciales de segunda instancia, y remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. En febrero, Pinzón denunció violencia laboral basada en género contra el rector Omar Mejía y otros directivos de la universidad.
Inicialmente, la Unidad de Género de la institución se negó a tramitar la denuncia, lo que llevó a la presentación de una acción legal ante el Tribunal Superior de Ibagué. Este tribunal falló a su favor, ordenando reabrir la investigación con enfoque de género y garantizar su participación activa. La universidad, a través del rector encargado Mario Ricardo López, argumentó que se habrían vulnerado derechos como el debido proceso, la defensa y la seguridad jurídica, al no haber tenido 'notificación oportuna' de la impugnación de la sentencia de primera instancia. En contexto: la primera instancia fue manejada por la Unidad de Género, que inicialmente rechazó tramitar su denuncia, y esto derivó en la acción legal ante el Tribunal Superior de Ibagué. La Corte Suprema dijo que las impugnaciones no requieren notificación formal, y que “la tutela contra tutela no constituye una tercera instancia ni puede reabrir debates jurídicos ya resueltos”.
El Vicerrector de Desarrollo Humano respaldó la acción de López y mencionó que la institución trabajaría en reformar su política de género y normativa interna. Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación dio cumplimiento al fallo de segunda instancia, reconociendo a Pinzón como víctima dentro del proceso disciplinario contra Mejía por presuntas conductas constitutivas de violencia basada en género (VBG). Organismos como la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU-Tolima) y el Ministerio de Educación coincidieron en solicitar la improcedencia, refiriéndose que el caso aún podría ser revisado por la Corte Constitucional, y que los mecanismos legales no sean utilizados para 'obstaculizar' el acceso a la justicia. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Olfato • La Voz del Pueblo
