🕒 Última actualización:
agosto 04, 2025
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios de la Alcaldía de Ibagué por presuntas irregularidades en la planeación de un contrato de obra pública destinado a la construcción y mejoramiento de salones comunales. El contrato, con un valor superior a los $2.157 millones, habría sido firmado sin cumplir con permisos necesarios, y se dijo que presentaría aparentes inconsistencias presupuestales. Uno de los principales cuestionamientos se centra en el presupuesto del contrato, que habría contemplado un 25.19% para el rubro de Administración (AIU), sin incluir un desglose correspondiente que justificara el destino de esos recursos. Esto habría generado dudas sobre la transparencia y la gestión de los fondos públicos destinados al proyecto. Otro de los hallazgos sería la demora en la ejecución del contrato. Aunque fue legalizado en enero de 2024, el acta de inicio fue firmada hasta julio del mismo año, lo que representaría un retraso de seis meses.
La Procuraduría atribuye la anterior demora a una ausencia de permisos considerados clave como el de aprovechamiento forestal y la viabilidad ambiental, que serían necesarios para realizar talas de árboles incluidas en el plan de obra. Con la apertura de esta investigación, el Ministerio Público buscaría establecer si las fallas detectadas serían por negligencia u omisiones intencionales. Se pretendería determinar posibles responsabilidades disciplinarias. En otro caso de indagación reciente por parte del mismo ente, este ha iniciado una indagación preliminar contra funcionarios de la alcaldía, ante presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la construcción y mejoramiento de espacios deportivos tanto en zonas urbanas como rurales de la ciudad. El proceso investigativo pretendería determinar si hubo faltas disciplinarias durante la planificación, evaluación y adjudicación del contrato.
Uno de los puntos manifestados por esto último es que el contratista seleccionado podría no haber cumplido con los requisitos de experiencia exigidos en el pliego de condiciones. Esta supuesta omisión también pondría en duda la transparencia del proceso de contratación, además de la legalidad del proyecto y la ejecución de los recursos. Ante esto, la Procuraduría ha ordenado uba recolección de pruebas que sería para identificar a posibles responsables y esclarecer los hechos. El caso ha atraído la atención de la opinión pública. El proyecto pretendería mejorar la infraestructura deportiva de la ciudad. La comunidad esperaría respuestas, 3n medio de una falta de avances que habría hecho que la obra sea considerada por algunos como "elefante blanco". El reporte está en desarrollo.
Vía: El Olfato • Enfoque TeVe
