🕒 Última actualización:
agosto 26, 2025
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió por primera vez un certificado de defunción a la familia de una persona desaparecida. Después de 20 años de búsqueda, Carmen Mirke habría recibido el documento que confirma la muerte de su esposo, Orlando Alberto Toledo, secuestrado, asesinado y desaparecido por las Farc en 2005. Esta medida permitiría a su familia acceder a derechos como pensión y seguro de vida, tras años de incertidumbre. El caso representa un precedente legal, ya que la JEP solicitó a la Registraduría Nacional expedir el certificado sin que el cuerpo haya sido hallado, basándose en el proceso de verdad y reconocimiento dentro de la justicia transicional. La familia habría mantenido la espera durante dos décadas, incluso conservando la misma línea telefónica 'por si Toledo regresaba'.
El hombre, trabajador de Ecopetrol, habría sido secuestrado el 26 de julio de 2005 en el Catatumbo por la columna móvil Resistencia Barí, del Frente 33 de las Farc. Según la guerrilla, la acción habría sido en respuesta a la supuesta negativa de la empresa petrolera a dialogar con ellos. La confirmación del asesinato se dio por los testimonios de excombatientes en el marco del proceso de la JEP. De acuerdo con estas declaraciones, Toledo habría intentado escapar tres días después del secuestro, lo que llevó a su asesinato. Rodrigo Londoño, último máximo comandante de las Farc, reconoció la responsabilidad en una audiencia de la JEP. Este reconocimiento habría sido esencial para que la entidad judicial emitiera la certificación de defunción. El autor material del secuestro y homicidio, Jorge Villa, era entonces comandante de la columna móvil y actualmente pertenecería a las disidencias. Según la JEP, en su momento fue degradado por matar a Toledo 'sin autorización', pero que no se habría preocupado por devolver el cuerpo.
Este caso se enmarca en los retos en la búsqueda de desaparecidos y la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y a propósito de la JEP, el presidente de esta, Alejandro Ramelli, confirmó que el Gobierno Nacional giró $20.000 millones como cuota inicial para ejecutar las primeras sanciones restaurativas contra exjefes de las Farc y 12 militares retirados responsables de crímenes de guerra, mientras se espera otro desembolso de $30.000 millones y la inclusión de recursos en el presupuesto del próximo año; además, que se trabajaría en un decreto para definir las condiciones y lugares donde cumplirán estas sanciones, que se prevé sean emitidas a mediados de septiembre en los macrocasos de secuestros y falsos positivos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • La FM
