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agosto 24, 2025
Tras dos atentados recientes de gran magnitud, en Colombia se ha estremecido la seguridad nacional. El 21 de agosto, un helicóptero Black Hawk de la Policía Antinarcóticos fue derribado en Amalfi, Antioquia, durante un operativo de erradicación manual de cultivos de coca, dejando 13 policías muertos y 4 heridos. Según las autoridades, el Frente 36 de las disidencias Farc, bajo el mando de alias Calarcá, habría planeado el ataque con explosivos enterrados en el terreno, una 'trampa' que habría sido 'preparada con antelación'. La hipótesis inicial sobre el uso de drones fue descartada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien confirmó que la explosión habría sido causada por cargas preinstaladas. El Presidente Gustavo Petro visitó a los sobrevivientes en el Hospital Central de la Policía y reiteró 'rechazo' a la 'erradicación forzada de cultivos', a propósito de la operación de grupos armados ilegales, defendiendo su política de sustitución voluntaria como alternativa 'menos riesgosa'. Durante la visita, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $2.000 millones por alias Alejandro, cabecilla del Frente 36 y presunto responsable del atentado. Este ataque, descrito como “milimétricamente planeado”, ha reabierto el debate sobre la efectividad de la estrategia de seguridad del Gobierno Nacional y su impacto en las negociaciones de paz, en el marco de la política de "Paz Total".
Mientras tanto, en Cali, la violencia también se intensificó con un atentado ocurrido el mismo día en la base aérea Marco Fidel Suárez, donde un camión bomba explotó, dejando seis muertos y cerca de 70 heridos, además de varios comercios afectados. La Fiscalía responsabiliza a Walter Esteban Yonda y Carlos Steven Obando por transportar los explosivos, quienes fueron capturados y presentados ante un juez. El alcalde Alejandro Eder anunció una recompensa de $400 millones por información adicional. El hecho no sería aislado: en junio se habrían registrado tres explosiones coordinadas en diferentes puntos de la ciudad, lo que representaría un patrón sistemático de ataques urbanos. En tanto, familiares despiden a las víctimas. En paralelo, alias Iván Mordisco reapareció con una carta pública dirigida a Petro, criticando su gobierno y comparándolo con el del expresidente Álvaro Uribe. Acusó al Estado de “criminal y narco paramilitar”, catalogó las negociaciones de paz como “estrategia de guerra” y defendió la 'legitimidad' de su lucha. La carta se conoció tras la captura de su hermano, Luis Hernando Vera, en la operación “Medusa XII”, acusado de narcotráfico y financiamiento de estructuras armadas. Este pronunciamiento reflejaría una tensión escalada entre el gobierno y las disidencias, que ven las acciones militares como una 'ruptura' de los compromisos de cese al fuego. Este reporte continúa en desarrollo.
Y a propósito del conflicto armado en el país, específicamente en el tema del narcotráfico, hoy se conoció que Colombia extraditó a Estados Unidos a siete narcotraficantes requeridos por la Corte del Distrito Medio de Florida, acusados de narcotráfico y concierto para delinquir. La entrega se realizó en Bogotá con apoyo de Interpol, según informó el director de la Policía, Carlos Fernando Triana. Entre los extraditados estarían Javier Eduardo Monje, presunto integrante de una red que traficaba drogas hacia México y EEUU, y Aníbal Rentería, señalado como cabecilla del grupo armado Los Contadores, implicado en homicidios, extorsión y desplazamientos forzados. Otros capturados son Jeff Allan Hooker, involucrado en el caso de una avioneta con media tonelada de cocaína en Providencia, además de Renny Gabriel Barros, Álvaro José Martínez, Ignacio Lemos y Jefry Leonardo Quintero, quienes enfrentarían juicio por narcotráfico. Colombia, el mayor productor mundial de cocaína con 253.000 hectáreas cultivadas en 2023 según la ONU, habría intensificado sus operativos contra el narco, en lo que pretendería lograr la certificación de EEUU en su lucha antidrogas. Recientemente se reportó que una embarcación de la Armada de Colombia fue atacada anoche en Puerto Leguízamo, Putumayo, mediante un explosivo lanzado desde un dron que impactó la cubierta del buque Hichamón, causando daños materiales sin dejar heridos. Aunque aún no se identifica a los responsables, en la zona operan grupos armados ilegales y bandas criminales. Y en Ecuador la Policía decomisó un cargamento de 3.750 cartuchos de emulsión explosiva y 25.000 metros de cordón detonante en la provincia de Carchi, cerca de la frontera con Colombia, que presuntamente iba a ser usado en “actos terroristas” en el país; dos ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Noticias RCN • DW • EFE • API • Noticias Telemundo • NTN24 • Revista Cambio
