🕒 Última actualización:
agosto 18, 2025
El Gobierno de Sudán denunció nuevamente la presencia de mercenarios colombianos en el conflicto que enfrenta a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra el ejército regular desde abril de 2023. El primer ministro Kamal Idris, en un mensaje en español, solicitó 'al pueblo colombiano' y a las 'comunidades hispanohablantes' detener el 'reclutamiento y envío' de combatientes. En noviembre de 2024, tras una emboscada, se habrían hallado documentos de identidad colombianos entre los insurgentes abatidos, y en este mes Sudán dijo haber derribado un avión con armas y al menos 40 mercenarios procedentes de Emiratos Árabes Unidos (EAU). Se estima que podrían estar desplegados hasta 2.000 colombianos en este conflicto.
La participación de exmilitares colombianos en conflictos extranjeros respondería a una falta de oportunidades en su país, reportan medios como DW. Según el senador Ariel Ávila (Alianza Verde) y el académico Juan Carlos Portilla, los soldados contarían con 'alta preparación' pero que catecerían de beneficios tras el retiro. Muchos se pensionarian con menos de 400 dólares mensuales (menor o igual al salario mínimo mensual en Colombia) después de 20 años de servicio, lo que los llevaría a aceptar ofertas en el exterior 'para sostener a sus familias', convirtiéndose en 'mano de obra militar barata' en conflictos ajenos. Esto habría hecho que colombianos sean contratados en escenarios como Haití, donde algunos participaron en el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, así como en Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Ucrania, Irak y Afganistán. El reclutamiento comúnmente se haría por 'voz a voz', bajo la intermediación de empresas privadas de seguridad, varias con sede en Emiratos. Los sueldos oscilarían entre 1.500 y 3.000 dólares mensuales, aunque sin derechos laborales ni seguridad social, lo que los expondría a 'riesgos permanentes'.
Ante la complejidad del fenómeno, el Gobierno Nacional presentó en 2024 un proyecto de ley que pretendería aprobar la Convención Internacional contra los Mercenarios de la ONU. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mencionó que la iniciativa ya cursaría su último debate en el Congreso, al tiempo que se investiga a las compañías que supuestamente promueven estos contratos. Sin embargo, tanto Ávila como Portilla han considerado que las sanciones 'no bastan', pues el problema de fondo radicaría en una 'ausencia' de políticas estatales que garanticen una 'reintegración digna' de los soldados a la vida civil y económica. Se ha señalado que habría necesidad de que Colombia asuma una 'responsabilidad mayor' con sus veteranos, más allá de penalizar el mercenarismo, pues se reclamaría un sistema de beneficios que evite la exportación de combatientes y asegure que, en caso de muerte en el extranjero, sus cuerpos sean repatriados 'para descansar' en su patria. Para mayor contexto, consultar en el blog. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW
