🕒 Última actualización:
agosto 28, 2025
Dos juzgados de Bogotá admitieron demandas civiles contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, por deudas relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) dijo que no habría recibido el pago de $2.253 millones por vuelos realizados entre febrero y marzo de ese año, contratados para transportar a Petro y a candidatos del Pacto Histórico antes de las elecciones legislativas y la consulta interpartidista. Ante esto, se ordenaron embargos preventivos sobre salarios y propiedades de los implicados. En el caso de Jaramillo, quien fue gerente de la campaña al Senado, se decretó el embargo de su salario, que asciende a $26,8 millones mensuales, y de un apartamento en Bogotá. Por su parte, Roa, exgerente de la campaña presidencial, enfrenta embargos sobre cuatro propiedades, incluido un apartamento adquirido en diciembre de 2022 por $1.800 millones. Estas medidas pretenderían garantizar el pago de la deuda adquirida por los directivos en su rol como responsables de la logística aérea de la campaña.
La situación se amplía porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) investiga presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Petro. Según una ponencia en preparación, se habrían violado los topes de gasto electoral en primera y segunda vuelta, detectándose 'anulacione' y 'reemplazo de facturas' con valores menores 'para reducir' costos reportados. El CNE considera que estas modificaciones sugerirían manipulación de cifras 'para no superar' los límites legales, lo que comprometería tanto a Roa como a Jaramillo. Las facturas modificadas y la redistribución de gastos entre 19 candidatos del Pacto Histórico, todos electos, reforzarían las sospechas. El CNE ya citó a declarar a la senadora Aída Avella y solicitó más explicaciones a Sadi sobre los vuelos, lo qu, según reportes, indicaría que la investigación podría involucrar a más actores políticos.
El 11 de septiembre, la sala plena del CNE votará la ponencia que propone sancionar a la campaña presidencial de Petro por violación de topes y financiación irregular. El documento indica que en la primera vuelta se violaron topes por $2.447 millones y que presuntamente hubo 'aportes prohibidos' por $2.252 millones; en la segunda, las cifras habrían sido $596 millones y $627 millones, respectivamente. También se habría evidenciado la omisión en el reporte de pagos masivos a testigos electorales y donaciones de los sindicatos Fecode y USO. La ponencia pide sancionar a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica y a los directivos de campaña: Ricardo Roa, Lucy Mogollón (tesorera) y Lucy Soto (auditora). Además, ordena compulsar copias a la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones para investigar al presidente Petro y al exgerente Roa. Se necesitan seis votos para aprobar la propuesta: según reportaba La Silla Vacía, ya habían cinco a favor, tres en contra y uno impedido, lo que deja la decisión abierta en un escenario que podría marcar un precedente en la vigilancia del financiamiento electoral en Colombia. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Olfato • El Cronista • La Silla Vacía
