🕒 Última actualización:
septiembre 05, 2025
El 28 de abril de 2004, Bogotá habría vivido una de las tragedias más dolorosas de su historia, luego de que una máquina recicladora de asfalto de 20 toneladas cayera sobre un bus escolar en la Avenida Suba, dejando 23 muertos, entre ellos 21 niños del Colegio Agustiniano Norte. Dos décadas después, el Consejo de Estado confirmó que este hecho no fue un accidente inevitable, sino el resultado de 'graves omisiones' por parte de contratistas, interventores y el Estado. Con ponencia del magistrado Nicolás Yepes Corrales, la alta corte modificó el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actualizó los montos de indemnización y ordenó el pago de perjuicios a la Orden de Agustinos Descalzos, propietaria del colegio.
El fallo mencionó que los responsables movilizaron la máquina 'de manera irregular', sin cumplir con los requisitos de transporte ni contar con autorización de tránsito. El expediente también recordó que semanas antes de la tragedia otra máquina del mismo contratista habría derribado un puente peatonal en la misma zona, causando una víctima mortal, 'sin que se adoptaran medidas correctivas'. La investigación concluyó que la Interventoría Suba II incumplió su deber de supervisión y que el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) incurrió en culpa in vigilando (culpa por no vigilar...), al no ejercer control suficiente sobre la concesión. En cuanto a las reparaciones, el Consejo de Estado ordenó el pago de cerca de $1.975.122 por daño emergente y más de $77 millones por lucro cesante, correspondientes a las pensiones escolares que el colegio dejó de recibir tras la muerte de los estudiantes.
La reposición del bus fue negada, dado que era un modelo antiguo ya cubierto por la aseguradora. La Secretaría de Tránsito y TransMilenio fueron exonerados de responsabilidad al no tener competencia directa en la gestión de la maquinaria. Para sobrevivientes y familiares, este fallo sería 'un paso hacia la justicia', aunque no devuelva la vida de las víctimas. Y a propósito de ellos, las reparaciones a las víctimas se dieron de forma fragmentada en el pasado. Según reportes de medios, alrededor de la mitad de las familias habrían pactado acuerdos extrajudiciales con el consorcio meses después del hecho (para evitar juicio), mientras que otras tuvieron indemnizaciones a través de sentencias judiciales confirmadas por la Corte Suprema en 2011. No obstante, los montos habrían sido desiguales y no todas las familias recibieron compensación.
Vía: El Colombiano • El Tiempo • El Espectador
