🕒 Última actualización:
septiembre 21, 2025
La Fiscalía General de la Nación tendría listo el escrito de acusación contra cuatro exdirectivos de la Nueva EPS tras una investigación que, entre 2019 y 2023, identificó un entramado contable que habría permitido maquillar estados financieros y ocultar deudas millonarias. Lo reportó Revista Cambio. Según esto, el expediente mostraría un 'mecanismo deliberado' para presentar 'utilidades ficticias' y mantener la habilitación de la EPS, con el fin de seguir recibiendo recursos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y renovar contratos con prestadores seleccionados. Según la Fiscalía y los informes, la maniobra habría incluído no procesar toda la facturación radicada por clínicas y hospitales, imponer “topes” mensuales de procesamiento en el área de cuentas médicas, y 'represar facturas', todo ello documentado en tableros contables, correos internos y órdenes operativas. Entre 2019 y 2022 se habrían declarado 'utilidades ficticias' por $91.490 millones, de las cuales al menos $70.563 millones, siempre según la acusación, se habrían usado para cubrir pasivos y absorber pérdidas anteriores. Además se reseñan presuntas coimas o sobornos y direccionamiento de contratación hacia IPS específicas.
En el escrito penal los señalados principales son José Fernando Cardona, presidente de la Nueva EPS hasta comienzos de 2024, y los exdirectivos Juan Carlos Isaza, Edgar Pedraza Castellanos y Fabio Antonio Peralta. La Fiscalía les atribuiría delitos como peculado (malversación) por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento privado. Los investigadores sostienen que, al ocultar cuentas por pagar y presentar balances falseados, se habrían ocultado deudas que, al ser contrastadas, superarían los $5 billones (la Fiscalía y la Contraloría hablan de cifras próximas a ello). Así las cosas, la Fiscalía sostiene que Cardona “decidió apropiarse en favor de la EPS de un recurso público que no le pertenecía a la entidad” y que las utilidades reportadas 'nunca existieron'. El expediente incorporaría testimonios y pruebas de la intervención: la funcionaria de cuentas médicas Daniela Rueda habría asegurado que los topes de facturación habrían sido 'inamovibles' y que quien intentara sobrepasarlos 'recibía llamados de atención'. El primer interventor Julio Rincón habría describido un “represamiento total de la facturación” y hallado cuentas por pagar no contabilizadas por $5,7 billones, y la asesora del interventor, Carolina Malagón, habría relatado que Cardona habría dicho en empalmes que las cuentas 'estaban en orden', cuando la realidad era otra. También figurarían interceptaciones telefónicas que, según fuentes del expediente, mostrarían intentos de coordinar explicaciones 'que hicieran recaer la responsabilidad en otro directivo'.
La investigación además trazaría un mapa de quiénes se habrían beneficiado: mientras la EPS permaneciera habilitada habría recibido billones de la UPC (Unidad de Pago por Capitación, el dinero girado a las EPS por usuarios en salud) y concentrado la contratación en grupos y prestadores concretos (entre ellos Bienestar, Grupo Uros, Viva 1A, Dime, Audifarma y Difarma), lo que, según exfuncionarios consultados, habría permitido direccionar recursos y crear un “negocio” sobre la operación. La estructura accionaria y de gobierno complicarían el panorama: el Estado tenía participación a través del Ministerio de Hacienda y la mayoría accionaria estaba en manos de cinco cajas de compensación. Miembros de la junta (entre los que aparecen nombres como Enrique Vargas Lleras, Néstor Ricardo Rodríguez y Noemí Sanín Posada, entre otros) se habrían beneficiado de la apariencia de solvencia y ahora enfrentarían la posibilidad de una segunda fase de la investigación. La Contraloría, además, habría documentado gastos por miles de millones destinados a honorarios, vales, viajes y otros con cargo a recursos de la UPC. El caso se inscribiría en un choque político más amplio: el Presidente Gustavo Petro había señalado días atrás (e incluso tiempo antes) una supuesta responsabilidad de los antiguos administradores y afirmó que, tras la intervención de la EPS por el gobierno, se habrían descubierto facturas que aumentaron las deudas reportadas. Por su parte, defensores de los procesados sostienen que “ni un solo peso” habría salido 'para enriquecer terceros'. Mientras la Fiscalía avanza hacia la acusación y prepara llevar el caso a juicio, se indaga por qué se habrían ocultado las cuentas, hasta qué punto la junta y los revisores fiscales conocieron el esquema y, sobre todo, cómo proteger a los casi 12 millones de afiliados que podrían verse afectados si la operación de la EPS más grande del país colapsa. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Noticias RCN • Revista Cambio
