🕒 Última actualización:
septiembre 25, 2025
Tras una controversia escalada esta semana, la Procuraduría General abrió una indagación disciplinaria contra el mayor Pedro Nel Jiménez y el sargento Cristian Padilla, integrantes del Ejército Nacional, por presuntas irregularidades en el esquema de seguridad del Presidente Gustavo Petro. La decisión se dio luego de que el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) presentara un informe señalando posibles fallas en la custodia presidencial y la filtración de información sensible. El proceso se basa en un informe del sargento segundo Jesús David Rubiano, del Batallón de Fuerzas Especiales Número 5, que documentó supuestas irregularidades durante la inducción de nuevos integrantes en el Batallón de Infantería número 37 Guardia Presidencial. En particular, se habría registrado la presentación de una mujer identificada como Stefanny, quien se habría hecho pasar por capitán de inteligencia de la Policía Nacional y habría participado de manera activa en operaciones y reuniones tácticas del Bafur (Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas).
De acuerdo con la investigación, 'Stefanny', identificada como Luisa Fernanda Salgado Fernández, operaría desde un local comercial cerca de la Plaza España en Bogotá, que serviría como fachada para sus actividades de infiltración. Desde allí, se movería cerca de la Casa de Nariño y habría asistido a 36 reuniones de inteligencia y operaciones tácticas, 'accediendo a información reservada, secreta y ultrasecreta' sobre el presidente, su familia y la vice Francia Márquez, así como sobre investigaciones judiciales y estructuras criminales como el Tren de Aragua, y que la información podría haber sido utilizada por estos. Entre octubre de 2024 y abril de 2025, la Fiscalía habría documentado que Salgado Fernández habría logrado infiltrarse en al menos cinco reuniones de coordinación interinstitucional de la fuerza pública, presentándose falsamente como oficial de la Policía. Estas incluirían encuentros con Gaula, Bafur 5, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, Unipol y la Fiscalía, donde se habrían discutido operaciones contra extorsión, secuestro y otras investigaciones en curso, incluyendo esquemas de seguridad de figuras políticas como el presidente Petro. Según la investigación, Jiménez y Padilla habrían inducido a error a los funcionarios al presentar a Salgado como oficial de inteligencia, 'facilitando su acceso a espacios de alto nivel y a información reservada'.
La mujer habría podido participar en reuniones consideradas estratégicas y manipular documentación sensible, lo que, según la Procuraduría y la Fiscalía, habría puesto en riesgo la seguridad nacional. La Fiscalía lideró la fase operativa del caso, capturando a Salgado y a los uniformados implicados, e imputándolos por 'concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal'. Ninguno aceptó los cargos, y las autoridades investigan la posible existencia de órdenes superiores y el destino de la información obtenida por la infiltrada. Estos hechos derivaron en la remoción de al menos 22 oficiales de Policía y Ejército de los esquemas de seguridad presidencial. La investigación continúa para determinar si Jiménez y Padilla incurrieron en falta disciplinaria suficiente para llevarlos a juicio y establecer si la información sensible accedida por Salgado Fernández habría llegado a manos de actores ilegales o redes de inteligencia paralela. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha dicho que los dos militares activos y la mujer que se hacía pasar por oficial detenidos no pertenecerían al anillo de seguridad más cercano a Petro. Según él, su labor estaría relacionada con el área de tránsito presidencial, es decir, con la organización de desplazamientos, y no con la protección directa. Sin embargo, admitió que sí habrían tenido acceso a información sensible, lo que constituiría una vulneración de los protocolos de seguridad establecidos. El reporte está en desarrollo.
Vía: Revista Semana • Infobae • El Tiempo • W Radio • El País
