🕒 Última actualización:
octubre 31, 2025
El contratista Emilio José Tapia, conocido por su participación en varios escándalos de corrupción en Colombia, fue capturado hoy en una clínica de Barranquilla por agentes de la Dijín de la Policía Nacional. La detención se dio tras la revocatoria o anulación de su libertad condicional por parte del Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, que consideró que Tapia “no ha mostrado voluntad de resocialización y sigue siendo proclive a delinquir”. La orden de captura, fechada el 16 de septiembre de 2025, dejaría sin efecto un fallo del 11 de abril emitido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla, que había autorizado su libertad bajo el argumento de 'buen comportamiento y cumplimiento parcial de sus condenas'. El fallo de Bogotá habría respondido a un recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación, que calificó como 'injustificada' la decisión que llevó la excarcelación del contratista. Para el órgano de control, Tapia debía continuar recluido hasta demostrar un proceso de resocialización 'efectivo' y una 'reparación económica completa de los daños ocasionados al Estado'. En ese sentido, el Ministerio Público pidió además verificar si el empresario había cumplido los compromisos de restitución pactados en su preacuerdo judicial con la Fiscalía y si el Ministerio de Comunicaciones (TIC) o la Contraloría habían iniciado incidentes de reparación.
Tapia, dos veces condenado por corrupción, habría sido uno de los protagonistas del llamado carrusel de la contratación, un entramado de sobornos y direccionamiento de contratos públicos en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas (2008-2011). En ese caso, habría aceptado cargos por 'celebración indebida de contratos y cohecho', por lo que fue condenado a varios años de prisión. Posteriormente, obtuvo beneficios judiciales bajo el sistema penitenciario, aunque su comportamiento posterior habría llevado a nuevas investigaciones y cuestionamientos sobre el cumplimiento de esas medidas. Años después, el contratista volvió a ser noticia por su papel en el caso Centros Poblados, un escándalo que estalló en 2020 durante el Gobierno Nacional anterior. En ese episodio, Tapia habría conformado una unión temporal con documentos falsos y una póliza bancaria adulterada a nombre del Banco Itaú, lo que habría permitido la adjudicación de un contrato por $1 billón y el anticipo de $70.000 millones del Ministerio de Comunicaciones para llevar internet a zonas rurales. La Fiscalía habría demostrado que el grupo de Tapia habría utilizado recursos públicos de manera irregular, dejando sin conectividad a miles de comunidades rurales.
Frente a estas acusaciones, Tapia firmó un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó cargos por peculado (malversación...) por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal, a cambio de una rebaja en su condena y de servir como testigo contra otros implicados. Además, se comprometió a devolver $5.000 millones, de los cuales, según registros judiciales, habría entregado la mitad. El resto sería restituido mediante bienes ubicados en Girardot (Cundinamarca) y en una zona rural de Medellín. No obstante, la Procuraduría advirtió que no existirían 'garantías suficientes' sobre el cumplimiento de esa reparación. En los últimos meses, Tapia había reaparecido en el ojo público tras una polémica entrevista en el pódcast de la periodista Eva Rey, donde habróa hablado con 'tono de ostentación' (vanidad...) sobre su estilo de vida, lo que generó amplio rechazo ciudadano. Ahora, tras la orden judicial, deberá regresar a un centro penitenciario para cumplir el resto de sus condenas. Su recaptura reaviva el debate sobre los beneficios judiciales otorgados a condenados por corrupción y sobre la efectividad de las medidas de control del sistema penal frente a quienes reinciden en prácticas delictivas que afectan directamente los recursos públicos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Colombiano • RTVC
