🕒 Última actualización:
octubre 18, 2025
El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el marco de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de 2026. La medida pretendería establecer si el exmandatario cumple con los requisitos legales para aspirar nuevamente al Senado, en particular frente a las inhabilidades contempladas en el artículo 179 de la Constitución. El proceso fue ordenado por el magistrado Altus Alejandro Baquero Rueda mediante el Auto CNE-E-DG-2025-021541, fechado el 8 de octubre, aunque hasta el momento no se ha confirmado una inscripción formal del expresidente. Según reportes de medios como La Silla Vacía, el CNE investiga una posible inscripción irregular de Uribe como número 25 en la lista del Centro Democrático, al tiempo que evalúa si su situación judicial podría inhabilitarlo para ocupar un cargo público.
Uribe fue condenado en primera instancia por soborno en actuación penal y fraude procesal, delitos por los cuales sigue vinculado a un proceso que podría dejarlo inhabilitado si la condena es ratificada en segunda instancia. A propósito, el sentido de fallo de esta última será conocido este martes. En ese contexto, el Consejo decidió “avocar conocimiento y decretar una indagación preliminar hasta que se constate la inscripción definitiva de la candidatura”. El CNE otorgó al expresidente un plazo de diez días hábiles 'para ejercer su derecho a la defensa y presentar los argumentos que considere pertinentes'. Además, ordenó recopilar toda la documentación relacionada con su eventual candidatura, incluidos los formularios E-6 y E-8, y verificar las pruebas aportadas por el ciudadano Inder Alonso Ramírez, quien interpuso la denuncia que dio origen al proceso. El organismo electoral también dispuso que la investigación sea pública y que se publiquen los avances en su portal y en el de la Registraduría Nacional, 'con el fin de garantizar la transparencia'. El caso ha reavivado el debate sobre las condiciones de elegibilidad de figuras políticas con procesos judiciales en curso.
No es la primera vez que un político condenado en primera instancia busca un cargo público: en 2023, Hecson Alexis Castro fue elegido gobernador de Vichada a pesar de tener una condena inicial, aunque fue destituido cuando la Corte Suprema confirmó el fallo. Si la condena de Uribe se ratifica esta semana, el expresidente no podría acogerse al mismo recurso de doble conformidad que benefició a Castro. El partido Centro Democrático reafirmó que Uribe aún no habría oficializado su inscripción al Senado, por lo que consideró 'improcedente' hablar de una irregularidad. Según la colectividad, “al no existir una inscripción formal de la candidatura del señor Álvaro Uribe Vélez al Senado, resulta improcedente efectuar un análisis de fondo”, dado que no habría un acto electoral 'en firme' sujeto a control del CNE. La defensa del exmandatario insiste en que se trataría de un proceso preventivo 'sin base jurídica' para sanciones. Esta actuación vuelve a poner en el centro de la discusión la trayectoria política y judicial de Álvaro Uribe, quien busca regresar al Congreso tras su retiro en 2020. En un contexto de alta polarización política, el proceso ante el CNE podría definir el futuro electoral del exmandatario, pero también marcar un precedente sobre la aplicación de las inhabilidades a políticos con sentencias judiciales. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Colombiano • Colprensa • Vanguardia • La Silla Vacía
