🕒 Última actualización:
octubre 16, 2025
El Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 por un monto de $546,9 billones, tras una sesión en la que se habrían evidenciado acuerdos entre el Gobierno Nacional y fuerzas legislativas, pero también tensiones por la distribución del gasto. La plenaria del Senado acogió la proposición que pidió acoger el texto aprobado en la Cámara, y aunque las cifras de las votaciones habrían sido reportadas de forma algo distinta según medios (con 50 votos a favor y variantes en el número de negativos) el resultado habría dejado listo el presupuesto que regiría desde el 1° de enero de 2026 sin necesidad de conciliación. El monto aprobado mantiene la estructura planteada por el Ministerio de Hacienda, con un aumento del gasto frente a vigencias anteriores y un crecimiento que rondaría más del 5% respecto al presupuesto de 2025. Es $10 billones menor a lo solicitado por el Ejecutivo inicialmente. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo celebrar la aprobación como un 'ejemplo de diálogo' entre el Ejecutivo y el Legislativo: “hemos dado un ejemplo muy significativo para el país de que es posible construir caminos de encuentro…”, dijo, y que en los próximos días el gobierno daría a conocer el detalle de lo aprobado. Desde el Ministerio se sostiene que el plan de gasto estaría alineado con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y permitiría 'mantener programas sociales, impulsar infraestructura y garantizar el servicio de la deuda, siempre que se concreten las fuentes de financiamiento previstas'.
Sin embargo, la aprobación habría estado marcada por críticas de oposición y del centro político que denunciaron una supuesta votación “exprés” y cuestionaron que no se hubiera dado 'un debate más profundo'. La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) objetó la retirada de su proposición “candado”, que pretendería impedir la apertura de un nuevo crédito por cerca de $16 billones, y advirtió que ello equivaldría a una “reforma tributaria disfrazada”. Lozano también criticó aumentos en partidas a entes del Ejecutivo (como los $280.000 millones adicionales para el Departamento Administrativo de la Presidencia Dapre— y el incremento a recursos de órganos de control como la Procuraduría), mientras que se habrían recortado partidas a la Defensoría del Pueblo. El senador Alfredo Deluque (Partido de la U) expresó que el presupuesto “le da la espalda a las regiones” y no respondería a 'necesidades reales', y la senadora Norma Hurtado (Partido de la U) advirtió sobre un 'impacto' en la salud pública: según ella, los recursos asignados no reflejarían la magnitud del déficit del sistema y la reducción de aportes a mediana y alta complejidad médica podría poner en riesgo la atención de pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo.
El reparto aprobado concentra el gasto en tres grandes rubros: funcionamiento (más de $358 billones), servicio de la deuda (algo más de $100 billones) e inversión (unos $88,4 billones). Además, en la tramitación quedaron partidas con aumentos relevantes para ministerios con peso político: MinComercio sumaría alrededor de $138.000 millones, MinDeporte $185.628 millones (en medio de las protestas de selecciones y figuras para que se diera un aumento por considerarse poca la cifra inicial de la propuesta) y MinTIC $200.000 millones. No obstante, la Defensoría vería una reducción cercana a $150.000 millones. La gran complejidad del presupuesto sería su desfinanciación: los gastos proyectados superarían los ingresos y el Ejecutivo aún dependería de la aprobación de la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria 'para cerrar la brecha' (un monto de $16,3 billones). En el contexto preelectoral muchos congresistas habrían mostrado indisposición de aprobar una Reforma Tributaria, por lo que la apuesta parlamentaria para algunos sería pretender hundir ese texto y forzar al gobierno a congelar recursos. Si la ley no prospera, el Ejecutivo tendría que recurrir a maniobras ya usadas (congelamientos de partidas o más endeudamiento) para cuadrar las cuentas, manteniendo abiertas las alertas sobre la sostenibilidad fiscal y la capacidad de traducir asignaciones en resultados concretos. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Portafolio • Revista Cambio • La Silla Vacía
