🕒 Última actualización:
octubre 31, 2025
El Gobierno Nacional firmó el Decreto 1117 de 2025, una medida que permitiría por primera vez a víctimas del conflicto armado colombiano que viven en el exterior acceder a una compensación económica o restitución de tierras por los bienes que perdieron a causa de la guerra. Esta disposición pretendería saldar una deuda histórica con estos grupos, conformados por miles de personas que debieron huir del país y que, a pesar de la distancia, seguirían siendo reconocidas como víctimas con derecho a 'reparación integral'. Según cifras oficiales, 25.880 colombianos exiliados estarían inscritos en el Registro Único de Víctimas y podrían acceder a este beneficio. El decreto reglamentaría parcialmente la Ley 2421 de 2024 y aclara que la compensación en dinero sería la medida principal de reparación dentro del proceso de restitución de tierras, sin excluir etapas administrativas y judiciales establecidas en la Ley 1448 de 2011. Las solicitudes deberían presentarse por escrito (directamente o mediante apoderado) ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT) o ante jueces y magistrados especializados en la materia.
Esta decisión respondería a reclamos persistentes de organizaciones de víctimas en el exterior y a recomendaciones de la Comisión de la Verdad, cuyo capítulo “La Colombia fuera de Colombia” habría documentado la magnitud del exilio forzado como 'una de las consecuencias más profundas' del conflicto armado. De acuerdo con dicho informe, más de un millón de colombianos habrían abandonado el país 'por amenazas, persecuciones o hechos de violencia', aunque solo 26.269 han sido reconocidos formalmente como víctimas en el exterior, lo que evidenciaría un déficit de reconocimiento y atención estatal. El decreto también establecería la creación de un sistema digital donde las víctimas podrían consultar el estado de sus solicitudes, acceder a información sobre sus derechos y recibir acompañamiento en el proceso. Además, ordenaría la habilitación de canales de atención en embajadas y consulados, en coordinación con la Cancillería, y la realización anual de jornadas informativas sobre la ruta de atención. Países como Ecuador, Venezuela, España, Estados Unidos y Panamá concentrarían la mayor cantidad de colombianos exiliados por la violencia, quienes se beneficiarían directamente de estos mecanismos. En materia financiera, la norma dispone que los pagos de compensación se realizarían con cargo a los recursos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, de acuerdo con el presupuesto asignado para cada vigencia fiscal, y 'respetando los marcos fiscales y de gasto de mediano plazo'.
En la práctica, esto significaría que la viabilidad del programa dependería de las asignaciones anuales que reciba la Unidad. También se dijo que el Grupo Fondo de esta entidad sería responsable de adecuar sus procesos para orientar a las víctimas sobre los trámites y giros, tanto en cuentas nacionales como extranjeras. Más allá de los retos operativos y financieros, el decreto representaría un reconocimiento del exilio como forma de victimización y la apertura de un camino de reparación que trascendería las fronteras nacionales. No obstante, su implementación dependería de la capacidad institucional para superar obstáculos como la coordinación consular, la conversión de moneda y la atención a los casos más urgentes. Y a propósito del Acuerdo de Paz, este viernes, 31 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó la Misión de Verificación en Colombia hasta el 31 de octubre de 2026, en lo que habría reafirmado su apoyo al proceso de paz y a la seguridad del país. Aunque la resolución fue aprobada con 13 votos a favor y dos abstenciones, Estados Unidos habría manifestado 'dudas' sobre la política de paz del Gobierno Nacional. La renovación incluiría recortes de funciones, como la exclusión del monitoreo de sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y del componente étnico. La misión, creada en 2015, ha sido considerada clave en la supervisión del Acuerdo de Paz y en otorgar legitimidad internacional a los diálogos con grupos armados, con un presupuesto anual de unos 70 millones de dólares. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • El Espectador
