🕒 Última actualización:
octubre 28, 2025
Un secuestro de cuatro funcionarios del Estado (dos agentes del CTI de la Fiscalía y dos de la Dijín de la Policía) por parte del ELN en Arauca continúa generando rechazo y conmoción, esta vez por el anuncio del grupo guerrillero de someterlos a un “juicio revolucionario”. Los funcionarios Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo Antonio López, Yordin Fabián Pérez y Franki Esley Hoyos habrían sido secuestrados en mayo en Fortul, Arauca, y el Frente de Guerra Oriental “Manuel Vásquez Castaño” dijo que podrían recibir 'penas' de tres a siete años de prisión. En su comunicado, el ELN dijo que habría agotado los intentos de diálogo con el gobierno y la Fiscalía, y justificó el proceso como “mecanismo interno de justicia” ante una 'falta de respuesta' en su propuesta de canje de prisioneros. Ante esto, la Fiscalía General de la Nación exigió una 'liberación inmediata' de los funcionarios y calificó de “inadmisibles” las pretensiones del grupo armado, recordando que se trataría de un 'secuestro extorsivo'. La entidad dijo rechazar 'la amenaza' del “juicio revolucionario” y reiteró un llamado de 'respeto' del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Los secuestrados habían pedido ayuda en videos difundidos por el ELN, en los que solicitaron al Presidente Gustavo Petro, a la ONU y a la Defensoría del Pueblo que intercedieran por su libertad. En dichas grabaciones, difundidas dos meses después del secuestro, los funcionarios aparecieron vestidos de civil en medio de la selva, enviando mensajes con desesperación a sus familias y a las autoridades.
La situación se enmarca en una crisis de seguridad en Arauca, una región golpeada por el conflicto entre el ELN y las disidencias Farc. La Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana 014 de 2025, advirtió sobre el recrudecimiento del conflicto en siete municipios del departamento y en Cubará, Boyacá, donde se han registrado asesinatos selectivos, desplazamientos masivos y violaciones a los derechos humanos desde 2022. Este panorama de violencia, que persiste a pesar de ceses al fuego decretados en 2023, pondrían en entredicho el avance del proceso de paz y la seguridad, además del respeto a las normas humanitarias en las zonas más afectadas por el conflicto armado. A propósito, en horas recientes se reportó que autoridades colombianas habrían desarticulado las redes financieras y criminales del Frente de Guerra Oriental del ELN mediante la “Operación Oriente”, desarrollada en Bogotá, Norte de Santander, Amazonas y Arauca. La investigación habría llevado a identificar a los cabecillas alias Pablito, alias Raúl y alias Sendales, quienes lavarían dinero del narco y la extorsión 'a través de empresas fachada, bienes raíces, ganadería' y otros negocios legales. Tras la colaboración de varios testaferros (persona que presta su nombre e identidad para ocultar a un tercero en diversas transacciones), se habrían rastreado bienes y propiedades en distintas regiones del país, en lo que se consideró como uno de los golpes más contundentes contra sus finanzas.
En otras cosas relacionadas con el conflicto armado, Alias Yeny o 'Jenny' Lara, mano derecha de ‘Iván Mordisco’ y una de las mujeres más temidas dentro de las disidencias Farc, habría sido asesinada por sus propios hombres en medio de la selva, tras recibir la orden directa de alias Lorena, pareja del jefe guerrillero. Después de tres días de recorrido, ‘Yeny’ habría sido despertada de manera abrupta y obligada a hablar por teléfono con ‘Lorena’, quien le habría negado clemencia en medio de súplicas y ofrecimientos de dinero e información. Los hombres que la escoltaban la amarraron y le dispararon. Para encubrir el crimen, los sicarios habrían enviado fotos del cuerpo a ‘Lorena’ y difundieron una versión falsa que atribuía la muerte de ‘Yeny Lara’ a un bombardeo militar, ocultando su cadáver en la selva. Era señalada de reclutar menores indígenas, coordinar ataques con explosivos y manejar rutas ilegales en Caquetá, Amazonas y Putumayo. Y en la actualización de un caso distinto, aunque matizado también con grupos armados ilegales y su presunta responsabilidad, las autoridades capturaron en Puerto Lleras (Meta) a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, señalado como el 'principal enlace' entre los determinadores y los autores materiales del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía, la Policía y la Fuerza Aérea lo acusan de 'homicidio agravado, tráfico de armas, concierto para delinquir y uso de menores en delitos', elevando a nueve los capturados por el magnicidio. Y es que alias Iván Márquez, líder de las disidencias de la Segunda Marquetalia, figura entre los sospechosos, aunque el comisionado de paz Otty Patiño ha puesto en duda su autoría al considerar que dicho grupo “prácticamente no existe”, en medio de un contexto donde la Fiscalía también avanza en la desarticulación de redes criminales del ELN. Ya propósito, este martes, 28 de octubre, la Policía dijo que la Segunda Marquetalia sería responsable del asesinato de Miguel Uribe. El director de la Policía, William Rincón, informó junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que alias El Viejo presuntamente habría contactado a la banda que ejecutó el crimen. La hipótesis principal indicaría que la orden habría provenido de esa estructura disidente de las Farc, liderada por Iván Márquez, y esta sería la captura más relevante entre las diez realizadas en la investigación. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Colombiano • La Silla Vacía • Blu Radio • Revista Cambio
