🕒 Última actualización:
octubre 18, 2025
Durante un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en los casos conocidos como Integrantes de Cajar VS Colombia y Pedro Julio Mahecha Ávila VS Colombia, el Presidente Gustavo Petro pidió perdón por los actos del Estado contra las comunidades afectadas. En la ceremonia, realizada ayer en la Casa de Nariño, el mandatario mencionó una necesidad de fortalecer la presencia del Gobierno Nacional en los territorios 'para evitar' que hechos similares vuelvan a ocurrir. En este contexto, Petro presentó un decreto que ordena la desclasificación y levantamiento de la reserva de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Aunque explicó que el proceso de desclasificación sería 'inmediato', aclaró que la implementación tomaría tiempo debido a una obligación de volver anónimos los datos de las posibles víctimas. Sin embargo, el presidente aseguró que “no se deben borrar los nombres de los culpables”, con lo que la identidad de los responsables de violaciones a los derechos humanos no sería protegida.
El anuncio se enmarca en una sentencia histórica emitida el 18 de marzo de 2024 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado colombiano por 'los seguimientos y perfilamientos ilegales' realizados contra los miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). La Corte concluyó que Colombia 'violó derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la autodeterminación informativa y las garantías judiciales'. Este fallo, el primero en su tipo contra el país, impuso la obligación de cumplir 16 medidas de 'reparación integral', entre ellas la depuración y apertura de los archivos de inteligencia. Durante el acto, Rafael Barrios Mendivil, defensor de derechos humanos y cofundador del Cajar, dijo que “la mayoría de las 16 órdenes de la Corte IDH en la sentencia Colombia VS Cajar están incumplidas”. Además, que la relevancia del fallo radicaría en reafirmar la 'subordinación del poder militar al civil' dentro de un Estado social de derecho. Según Barrios, la ley de inteligencia y contrainteligencia debería adecuarse a los estándares internacionales, 'garantizando control judicial sobre las acciones de vigilancia y el almacenamiento de datos personales'.
El caso del Cajar llegó al Sistema Interamericano tras décadas de 'hostigamiento y vigilancia sistemática' por parte de agencias estatales, incluido el DAS, desde los años noventa. Eduardo Carreño Wilches, otro de los fundadores del colectivo, dijo que habrían sido señalados como “agentes del comunismo internacional”, una acusación que habría justificado 'las persecuciones y amenazas' contra los defensores y sus familias. Estas acciones se enmarcarían en una política de inteligencia ilegal que el Estado habría mantenido durante años contra organizaciones sociales y políticas consideradas opositoras, en un escándalo que entonces trascendió a nivel internacional. El DAS fue finalmente desmantelado en 2011, luego del escándalo de las “chuzadas” o interceptaciones ilegalrs durante el segundo gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando se descubrió una amplia red de espionaje ilegal a magistrados, periodistas y opositores. Sin embargo, los archivos generados por la entidad habrían permanecido bajo reserva, impidiendo a las víctimas conocer la verdad sobre las operaciones de vigilancia y persecución. El reporte está en desarrollo.
Vía: Infobae
