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noviembre 07, 2025
Los rostros de las víctimas llenaron la fachada del Palacio de Justicia en Bogotá durante los actos conmemorativos del 40 aniversario de la toma y retoma de ese edificio, un episodio trágico que habría dejado 94 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema, y un número aún indeterminado de desaparecidos. Familiares de las víctimas participaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá llevando camisetas y faroles con las fotos de quienes habrían perdido la vida o habrían sido desaparecidos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. En medio de esto se proyectó un mapping (una proyección audiovisual sobre la fachada del edificio) llamado “El Palacio cobra vida”, que habría reconstruido las 28 horas de combate entre las fuerzas estatales y los guerrilleros del M-19, quienes habían tomado el edificio para exigir un cumplimiento de acuerdos de paz firmados en 1984 y realizar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur. Una ofensiva militar para recuperar el control del Palacio continuaba en la madrugada del 7 de noviembre, cuando un incendio habría consumido gran parte del Palacio.
Durante el evento, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, señaló que el propósito de la conmemoración habría sido reconocer el dolor y honrar la memoria de las víctimas, mencionando que la Justicia “no puede ser silenciada”. Sin embargo, también admitió que el Estado habría reaccionado de manera “tumultuosa, desproporcionada e irrespetuosa” hacia la vida de quienes se encontraban en el lugar, lo que ha sido señalado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Casi en simultáneo con las conmemoraciones, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró 'patrimonialmente responsable' al Estado colombiano por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En su fallo, el alto tribunal concluyó que la tragedia fue causada por “culpas concurrentes” entre la guerrilla del M-19 por su “toma irracional, violenta, indiscriminada y terrorista” y el Ministerio de Defensa, por “la omisión en el cumplimiento de los deberes de seguridad y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante la retoma”.
El Consejo de Estado enfatizó que la toma del Palacio no puede ser vista como una 'hazaña política' ni como un 'acto de rebeldía heroica', sino como “la afrenta más grave al Estado de Derecho desde la fundación de la República” y “la amenaza más decidida contra la institucionalidad democrática y contra la majestad de la justicia”. En consecuencia, declaró responsable a la Nación, representada por el Ministerio de Defensa, y ordenó indemnizar a los familiares del magistrado, publicar el fallo en un medio 'de amplia circulación' y realizar un acto público de perdón en el que se dé lectura al fallo. El alto tribunal también invitó al Ministerio de Defensa a adelantar las acciones judiciales que considere pertinentes contra el M-19 como organización, así como contra los autores directos o por responsabilidad de mando que contribuyeron a causar el daño. Este pronunciamiento se suma a los reclamos de las familias que, cuatro décadas después, continúan exigiendo 'verdad, reparación y justicia' por los desaparecidos y las víctimas del también llamado holocausto. Las conmemoraciones culminaron con una ceremonia del Poder Judicial y una misa en la Catedral Primada de Bogotá. Cuarenta años después, Colombia reflexiona sobre un episodio que marcó su historia contemporánea. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • EFE • Blu Radio • La FM • Radio Ambulante • El Espectador
