Karen Santos dijo a Revista Cambio que su exesposo, el empresario Ricardo Leyva, presuntamente la agredió física y psicológicamente 'durante años', y presentó videos, fotos, partes médicos y grabaciones como prueba. Mencionó que habría vivido 'episodios constantes de violencia' en la mansión ubicada en el conjunto Lagos de Caujaral, en Barranquilla, donde aseguró haber 'temido por su vida'. Según relató, acudió al medio porque “o hablo o me matan”, ya que 'nunca' habría sentido 'garantías ni protección suficiente'. Santos agregó que los maltratos eran 'frecuentes y severos', que Leyva la golpeaba “con los puños cerrados hasta reventarla” y que además 'la obligaba a 'inventar excusas' para justificar las heridas. Indicó que uno de los episodios más críticos habría ocurrido en agosto, cuando el empresario, en estado de embriaguez, presuntamente la habría perseguido con un cuchillo dentro de la vivienda 'tras escupirla y agredirla' frente a testigos. Habrían sido estilistas, celadores y vecinos quienes alertaron a las autoridades.
Como consecuencia de las golpizas, Karen habría tenido que someterse a cirugías reconstructivas en el rostro y recibir atención médica constante, llegando a afirmar que estaria perdiendo la visión de su ojo derecho. También, aseguró que Leyva mantendría un 'control total' sobre ella mediante 'amenazas directas' contra su vida y la de sus hijos, llevándola a guardar silencio e incluso, según dice, intentando involucrar a uno de los menores en supuestos montajes. “Todo está grabado”, insistió la mujer. La denunciante negó cualquier vínculo personal con el ministro del Interior Armando Benedetti (actual residente de la mansión donde habría ocurrido varios de los hechos denunciados) y que hablaría de manera pública solo porque 'busca paz y protección'. También señaló que, tras conocerse la denuncia, Leyva habría amenazado a sus familiares.
La denuncia de Santos generó una ola de pronunciamientos de dirigentes políticos y autoridades. La representante Caterine Juvinao (Alianza Verde) refirió 'el valor' de Santos al denunciar 'a pesar del miedo y la intimidación', y criticó la 'revictimización institucional'. Por su parte, la representante Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) cuestionó los vínculos de Leyva con figuras públicas, acusó 'negligencia policial' y señaló responsabilidades políticas. Además, el concejal Daniel Briceño (Centro Democrático) recordó que Leyva habría obtenido contratos públicos polémicos. Los dos últimos hicieron referencia particularmdnte a un contrato por $8.000 millones adjudicado a este desde el sistema de medios públicos (RTVC), presuntamente a dedo, y vinculándosele una 'amistad' con su gerente, Hollman Morris. Desde el ámbito institucional y de opinión pública, la defensora del pueblo Iris Marín calificó la violencia de género como un delito, 'no un asunto privado', y mencionó 'la urgencia' de 'protección estatal'. Por su parte, la precandidata presidencial Vicky Dávila consideró el testimonio de Santos como una 'evidencia de fallas profundas del Estado' en la protección de las mujeres, criticando 'la impunidad' y exigiendo 'medidas más contundentes'. El reporte está en desarrollo.
Vía: La FM • Revista Cambio
