🕒 Última actualización:
noviembre 10, 2025
La polémica académica y política en torno a Juliana Guerrero Jiménez, funcionaria del Ministerio del Interior y exaspirante a viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, suma una nueva controversia. La Fundación Universitaria San José anuló por unanimidad ambos títulos que le había expedido (Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública) mediante resolución del 7 de noviembre de 2025, al referir que habría sido después de comprobar que no existirían registros académicos que acreditaran su formación en la institución. La decisión fue acompañada de la destitución del exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez y la apertura de acciones penales contra otros funcionarios vinculados al proceso de titulación. La universidad explicó que, desde el 25 de septiembre, habría detectado “diversas irregularidades” en la obtención de los títulos de Guerrero: no habría constancia de presentación de los Exámenes de Estado Saber Pro y Saber TyT (requisitos para títulos profesionales o tecnológicos en Colombia) ni evidencia de participación en clases, evaluaciones o actividades académicas en la plataforma virtual institucional. En septiembre la Fundación ya había anulado uno de los títulos; ahora se procedió a revocar todos los registros académicos asociados al nombre de Guerrero.
La controversia política se remonta a la Presidencia, que en septiembre publicó por segunda vez la hoja de vida de Guerrero para la posible designación, incluyendo en esa versión un pregrado que no habría estado en la primera versión, lo que desató denuncias públicas y exigencias de transparencia. En paralelo, el 1 de noviembre de 2025 se conoció un borrador de decreto del Gobierno Nacional que proponía modificar la normativa del Viceministerio de Juventudes, un hecho que fue interpretado por críticos como un 'intento de adecuar' el cargo al perfil de Guerrero. El Presidente Gustavo Petro, por su parte, ha defendido la intención de designarla, argumentando que la falta de estudios no debería invalidar la experiencia o la visión política, y que ver “mujeres jóvenes, rebeldes y populares” generaría 'resistencia'. En el centro del choque entre figuras públicas está la representante a la Cámara Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), quien en septiembre denunció presunas irregularidades y dijo que Guerrero no habría presentado el examen Saber Pro. A raíz de esas denuncias, Pedraza fue recientemente denunciada por Guerrero ante la Fiscalía y, posteriormente, citada por la Corte Suprema de Justicia a una audiencia de conciliación. Un oficio de la Sala Especial de Instrucción con fecha del 29 de octubre abrió una investigación previa y convocó a Pedraza y Guerrero a una audiencia presencial programada para la mañana del 14 de noviembre en la sede de la Sala en Bogotá.
Pedraza confirmó públicamente la citación, pero dijo que no se retractaría: “Juliana Guerrero me denunció ante la Corte Suprema por calumnia y supuestos delitos informáticos. El próximo viernes (14 nov) nos veremos en la Corte y, junto a mi abogado Sebastián Rondón, llegaremos hasta las últimas instancias para que se sepa toda la verdad. Todo lo que he denunciado ha sido documentado y no nos van a callar”, escribió en redes. Por su parte, Guerrero, quien interpuso la denuncia por supuesta calumnia y presuntos delitos informáticos, enmarcada en el artículo 221 del Código Penal y la Ley 600 de 2000, ha defendido su titulación, diciendo que sí habría cursado los programas, que posee actas y notas, y que la decisión de la universidad presuntamente obedece a un trasfondo político. Además ha dicho mantener comunicación constante con el presidente Petro y, según declaraciones públicas, que ya no aspiraría a cargos públicos. La audiencia en la Corte Suprema prometería abrir un nuevo capítulo en un caso que mezcla política, educación y posibles responsabilidades penales y éticas. Este lunes, 10 de noviembre, de conoció que el el Ministerio de Educación, liderado por Daniel Rojas, abrió una investigación contra los directivos de la Fundación San José por la expedición irregular de al menos tres títulos universitarios, entre ellos los de Guerrero. Mientras las instituciones académicas y judiciales avanzan en la depuración de los hechos (con la Fundación San José sustentando la anulación en la ausencia de registros y la Corte evaluando mecanismos conciliatorios tras la denuncia de Guerrero), el episodio reaviva el debate sobre los controles en la expedición de títulos y la transparencia en hojas de vida públicas. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Espectador • Revista Cambio • La Silla Vacía
