🕒 Última actualización:
noviembre 02, 2025
Mientras el Gobierno Nacional reporta 262.000 hectáreas de cultivos de coca, fuentes de inteligencia y expertos estimarían hasta 300.000, lo que habría desatado un choque entre el Presidente Gustavo Petro y el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU (Naciones Unidas) El gobierno argumenta que habría áreas “abandonadas” y parcelas 'en transición' hacia cultivos lícitos (no ilícitos) que reducirían la cifra real, mientras que analistas y agencias sostienen que esas categorías no explicarían la diferencia y que, en todo caso, nunca habría habido 'tanta coca' en el país. El informe del Simci, que debía publicarse, presuntamente fue retrasado y según varias fuentes habría sido 'modificado o retenido' ante supuesto 'presiones políticas'. La disputa tiene raíces metodológicas: la medición de cultivos dependería de distintos satélites y formas de procesar imágenes (Landsat, Sentinel y Spot en el caso de la ONU, frente a satélites de mayor resolución utilizados antes por agencias estadounidenses), además de procedimientos de verificación georreferenciada que, según críticos, la ONU habría dejado de compartir con entidades nacionales. Esa falta de acceso y cambios en el procesamiento alimentarían sospechas sobre la transparencia y la comparabilidad de las cifras.
Petro ha solicitado revisar la metodología e incluso elevó inconformidades al secretario general de la ONU, António Guterres. Para el mandatario, parte de la superficie reportada correspondería a terrenos “abandonados” o en transición, lo que, de confirmarse, reduciría notablemente el área activa de coca. Expertos reportados por Revista Cambio, sin embargo, entenderían que la metodología vigente llevaría dos décadas y que cualquier cambio significativo se habría debido consensuar 'antes de publicar los resultados'. Además, advirtieron que clasificar masivamente parcelas como “abandonadas” sería 'técnicamente cuestionable'. La controversia tendría también un componente político internacional: las cifras afectarían la relación con Estados Unidos (que tomó decisiones como la descertificación) y han sido utilizadas por voces externas para criticar al gobierno. En ese contexto circulan acusaciones de que el Ejecutivo supuestamente condicionó financiamiento y ajustes metodológicos al Simci, y se señalan salidas de funcionarios 'preocupados' por la manipulación de los datos. El presidente respondió que, a pesar del aumento, el ritmo de crecimiento bajo su gobierno habría sido 'menor' que en periodos anteriores.
Más allá del debate técnico, las cifras reflejarían consecuencias concretas: el aumento de cultivos se vincularía con deforestación, contaminación por insumos químicos y un fortalecimiento de economías criminales. Las estadísticas de producción citadas en el artículo mostrarían un aumento sostenido en toneladas de cocaína entre 2021 y 2023, y la erradicación forzada se presentaría como 'casi paralizada' este año, con resultados de interdicción (operaciones para interceptar, decomisar o impedir el tráfico de drogas) modestos frente a la magnitud del problema. En suma, Colombia carecería hoy de una medición confiable y consensuada del fenómeno; mientras el cultivo de coca seguiría en expansión con impactos ambientales, sociales y de seguridad que exijirían datos sólidos y decisiones técnicas 'transparentes'. A mitad de año, un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) reportó que Colombia habría concentrado en 2023 más del 67% de los cultivos de coca del mundo y producido unas 2.600 toneladas de cocaína, un aumento del 53% frente a 2022. La producción global habría alcanzado un récord de 3.708 toneladas, impulsada por la expansión de cultivos ilícitos, el control de grupos armados como las disidencias Farc y un auge del consumo mundial, que llegó a 25 millones de usuarios. No obstante, que el Gobierno Nacional también habría liderado las incautaciones, con más de 845 toneladas de cocaína y más de 1,3 millones de kilos de precursores químicos decomisados. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Revista Cambio • Infobae
