🕒 Última actualización:
noviembre 21, 2025
Esta semana se reportó que el rector de la Universidad del Tolima, Omar Mejía, y el vicerrector administrativo y financiero, Mario Ricardo López, fueron sancionados con arresto domiciliario de tres días y una multa equivalente a un día de salario mínimo tras ser declarados en desacato. El proceso habría iniciado por una queja del docente Alexander Espinosa Triana, quien desde hace cerca de cuatro años buscaría que la universidad pague tres años de semanas de cotización pensional que, según él, no habrían sido canceladas de manera oportuna, a pesar de un fallo del Tribunal Administrativo del Tolima que le dio la razón. El conflicto se habría complicado cuando, el 12 de septiembre, Espinosa presentó un derecho de petición solicitando el cumplimiento de la sentencia, pero no habría obtenido respuesta. Esto lo llevó a interponer una acción de tutela que fue fallada el 7 de octubre, ordenando a la institución responder en 48 horas. Como la orden tampoco se habría cumplido, el docente inició un incidente de desacato ante el Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, que concluyó que los directivos 'no realizaron ninguna gestión ni ofrecieron justificación' para el incumplimiento.
El fallo señala que la conducta de los funcionarios 'evidenció negligencia' frente al derecho fundamental de petición del docente, motivo por el cual se impuso la sanción. Al momento del reporte, la Universidad del Tolima no había emitido una comunicación oficial sobre las medidas adoptadas contra los directivos. Y a propósito de sanciones a funcionarios y directivos de la educación, esta semana también se reportó que el Juzgado Sexto Penal Municipal de Ibagué había ordenado cinco días de arresto y una multa de dos salarios mínimos contra el secretario de Educación de Ibagué, Diego Fernando Guzmán, y la representante legal de la Fiduprevisora, Vanessa Gallego Peláez. Según el despacho, ambos habrían incumplido una tutela que los obligaba a estudiar y resolver la solicitud pensional de un docente, quien había presentado su petición en abril y no habría recibido respuesta dentro del plazo legal de cuatro meses.
A pesar de que la orden judicial les exigía actuar 'con celeridad' (48 horas para la Fiduprevisora y cinco días hábiles para la Secretaría de Educación), ninguna de las entidades habría cumplido. La jueza señaló que la Secretaría solo avanzó 'parcialmente' y remitió la validación al Fomag (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) 'con tres meses de retraso' mientras que la Fiduprevisora 'no envió prueba alguna' de acatamiento. Ante la falta de justificaciones y el vencimiento de los requerimientos previos, el juzgado también concluyó que hubo desacato. Por ello, además del arresto y la multa, se ordenó compulsa de copias a la Fiscalía para que investigue la conducta de los funcionarios. Aunque la decisión debería ser revisada por un juez de circuito, las sanciones se mantendrían mientras se adelanta ese trámite. Para el docente afectado, el fallo representaría un avance tras meses de demoras administrativas que habrían prolongado la vulneración de sus derechos pensionales. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: El Cronista • El Olfato
