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noviembre 18, 2025
En zona rural del corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo (Urabá antioqueño), fue hallado sin vida Luis Elías Ávila, hermano de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo. Aunque inicialmente se informó que la muerte habría ocurrido por un accidente vial, los médicos del hospital al que fue trasladado confirmaron que presentaba impactos de arma de fuego. Las circunstancias del crimen siguen sin aclararse, pues la víctima habría sido encontrada al borde de la vía y no habría información precisa sobre cómo ocurrieron los hechos. El Presidente Gustavo Petro confirmó el parentesco y las autoridades investigan los móviles. El asesinato genera especial atención porque ocurrió en una zona que sería controlada por el Clan del Golfo, lo que plantea interrogantes sobre quiénes serían los responsables. El crimen se da mientras el grupo, que cuenta con unos 8.945 integrantes y es considerado el más grande de Colombia, participaría en conversaciones de paz con el Estado en Catar.
Y a propósito del conflicto armado en el país, hay actualizaciones sobre el bombardeo del 11 de noviembre en Guaviare, dirigido contra las disidencias de Iván Mordisco, que dejó 20 muertos, entre ellos siete menores de edad reclutados confirmados por Medicina Legal. Y es que a este caso se sumarían otros reportes de menores muertos: uno en Arauca sin fecha especificada, cuatro en Caquetá el 1 de octubre, otro en Arauca el 13 de noviembre y cuatro más en Puerto Santander (Amazonas) también el 1 de octubre, según la Defensoría del Pueblo. En total, los casos podrían llegar a 17 menores muertos en operaciones militares recientes contra las disidencias, aunque las autoridades ajustaron posteriormente la cifra oficial a 15 menores fallecidos. En medio de estas revelaciones, la Procuraduría General abrió cinco indagaciones preliminares para establecer si en las operaciones recientes se cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), aclarando que este permitiría adelantar ofensivas (incluso bombardeos) contra objetivos legítimos conformados por combatientes, aun cuando entre ellos haya menores reclutados forzosamente. Estas indagaciones se suman a la ya abierta por la Justicia Penal Militar para verificar si el bombardeo de Guaviare cumplió los principios que regulan el uso legítimo de la fuerza.
La Defensoría había advertido que había al menos dos bombardeos adicionales bajo verificación por la posible muerte de menores y pidió “suspender” este tipo de operaciones, solicitud que el presidente Petro rechazó al asegurar que los bombardeos continuarían “bajo el Derecho Internacional Humanitario”. Petro explicó que la operación en Guaviare habría pretendido “evitar” una emboscada contra 20 soldados por parte de un contingente de 150 hombres de Iván Mordisco, y el Ministerio de Defensa respaldó esta versión. No obstante, el mandatario fue cuestionado por su cambio de postura frente a bombardeos con menores reclutados, que en el pasado criticó comparándolos con falsos positivos. Las reacciones políticas escalaron después de que la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) asegurara tener información sobre otro bombardeo en Amazonas con cuatro menores muertos, incluida una niña de 11 años, y anunciara una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Este último ha dicho que “no hubo nada ilegal”, que los fallecidos eran adolescentes 'usados como combatientes' y que el verdadero crimen sería el reclutamiento forzado, mientras la Defensoría reiteró que ningún menor debería resultar afectado, aunque responsabilizando a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) por exponerlos al combate. El escándalo persiste.
Y a propósito de todo, en torno al conflicto armado en el país, recientemente también se reportó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó a cinco soldados que había secuestrado el 9 de septiembre en Arauca, una zona fronteriza con Venezuela donde mantendría alto control. Los uniformados habrían sido entregados a una comisión humanitaria y recibidos por la Defensoría del Pueblo 'en buenas condiciones' de salud. El ELN, que financia sus operaciones con actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal y secuestros, mantendría tensiones con el Gobierno Nacional después de que los diálogos de paz quedaran suspendidos tras una matanza de más de 100 personas en el Catatumbo a comienzos de año. Y por último, este martes, 18 de noviembre, El País (España) publicó la producción potencial de cocaína en Colombia, que habría llegado a 3.001 toneladas en 2024. Se da luego de que el Petro evitara publicarla por considerarla 'imprecisa'. Aunque representaría un aumento del 12,6% frente a 2023, el crecimiento sería menor al salto de más del 50% entre 2022 y 2023. También se habría registrado un máximo histórico de cultivos: 261 mil hectáreas sembradas frente a las 253 mil del año anterior. En medio de una controversia por la exactitud de las cifras, la Unodc (la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito) reconoció que su informe no descontaría lo incautado. Aun así, el Gobierno Nacional reporta 2.700 toneladas incautadas en el mandato de Petro. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • El Espectador • El Colombiano • Caracol Radio • Revista Cambio • DW • AFP • Noticias RCN • NTN24 • El País
