Un ataque con drones y explosivos contra la Base Militar N.º 27, en zona rural de Aguachica (Cesar), dejó seis militares muertos y más de 30 heridos, cinco de ellos en estado crítico, según el más reciente balance oficial. La acción, atribuida al Ejército de Liberación Nacional (ELN), habría ocurrido cerca de la frontera con Venezuela y se convirtió en uno de los atentados más graves contra la fuerza pública en las últimas semanas. Las autoridades señalaron que el ataque habría sido ejecutado con 'drones adaptados con explosivos improvisados', desde los cuales se habrían lanzado artefactos no convencionales tipo “tatuco”. La acción fue atribuida específicamente al Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, en un contexto de escalada de la violencia armada tras el levantamiento de un paro armado decretado por esa guerrilla 'para combatir en contra de una amenaza estadounidense'. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo 'condenar' el atentado y refirió que se habría tratado de una 'acción terrorista' realizada con 'nuevas capacidades tecnológicas'.
El Gobierno Nacional anunció una recompensa de unos $200 millones por información que lleve a identificar a los responsables. Ante la gravedad del hecho, el Presidente Gustavo Petro declaró una urgencia manifiesta que sería 'para acelerar' la compra de sistemas antidrones por un valor superior a $1 billón. A través de la red social X, Petro admitió que el atentado habría ocurrido por una ausencia de este tipo de tecnología en la base militar y que la medida pretendería 'evitar' nuevos ataques similares. Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides, informó que unidades del Ejército adelantarían operaciones conjuntas que pretenderían 'asegurar' el área y 'evacuar' al personal afectado. Videos difundidos en redes sociales habrían mostrado a los heridos siendo trasladados a centros médicos y daños en las instalaciones tras las explosiones. Horas después, el ministro Sánchez dijo que el Gobierno Nacional no descartaría 'analizar modelos' como el sistema de defensa aérea de Israel (como la Cúpula de Hierro) 'para enfrentar ataques' con drones en Colombia, tras el ataque en Aguachica. Sin embargo, la propuesta contemplaría altos costos y limitaciones técnicas, pues estaría diseñada para cohetes y aeronaves, no para drones, y no habría cooperación prevista con Israel debido a la ruptura de relaciones diplomáticas desde 2024. Sin embargo, se actualuzó que las gestiones para comprar los sistemas antidrones comenzarían en 2026 si se asigna el presupuesto.
El ataque en Aguachica se da en medio de una crisis de seguridad más amplia en el país. El reciente paro armado del ELN dejó al menos cinco muertos (entre ellos dos policías en Cali y un civil en Norte de Santander) y acciones violentas en al menos 15 zonas, con afectaciones en 16 departamentos. Carrobombas, atentados, secuestros y desplazamientos forzados habrían intensificado una preocupación y reavivado el debate sobre la política de “paz total” del gobierno. A propósito del ELN, al rechazar de manera sorpresiva un llamado del presidente venezolano Nicolás Maduro a una 'coordinación directa' entre las Fuerzas Militares de Colombia y Venezuela, y decir 'que ningún mandatario puede dar órdenes a ejércitos de otro país, pues cualquier cooperación debe basarse en el respeto a la soberanía' y que 'solo un proceso constituyente regional permitiría un mando militar supranacional'; Petro calificó al ELN como la única 'organización armada binacional' (que opera en ambos países) pero 'enemiga de ambos países'. Sobre las tensiones con EEUU, el mandatario manifestó que una eventual invasión sería un 'escenario más grave' que la propia dictadura (días después de señalar por primera vez como 'dictadura' el Gobierno de Venezuela).
Este sábado, 20 de diciembre, presidente Petro convocó un consejo de seguridad con su gabinete, la cúpula militar y los responsables de paz e inteligencia que habría sido para evaluar la escalada de violencia en regiones como Cauca y Cesar, tras los ataques atribuidos al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco. La reunión habría pretendido 'reforzar' la acción institucional en los territorios. En Cauca, las autoridades estiman que la reconstrucción de la infraestructura afectada en Buenos Aires costaría unos $20 mil millones, donde fueron destruidas varias sedes públicas el 16 de diciembre. La Procuraduría también convocó para el 23 de diciembre una mesa interinstitucional en Santander de Quilichao 'para definir acciones urgentes' frente a la crisis de seguridad en Buenos Aires, Cauca. El Ministerio Público advirtió 'graves afectaciones' a la población, incluida una 'falta de control territorial y problemas en el servicio de energía', y exigió 'respuestas inmediatas' de las autoridades. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: DW • AFP • EFE • La Silla Vacía • Noticias RCN • Revista Cambio • Caracol Radio
