🕒 Última actualización:
enero 01, 2026
El Gobierno Nacional anunció la expedición de decretos complementarios a la declaratoria de Emergencia Económica, en lo que pretendería 'asegurar recursos' para el Presupuesto General de la Nación de 2026. Entre las principales medidas fiscales se encontrarían el aumento del impuesto al patrimonio hasta del 5% para personas con patrimonios superiores a $2.000 millones, una sobretasa al sector financiero y el incremento del IVA al 19% para licores y juegos de azar. En el caso de las bebidas alcohólicas, el IVA pasaría del 5 al 19% para productos como aguardiente, ron, whisky, vodka y vinos, con excepción de la cerveza. Según el Ministerio de Hacienda, este paquete permitiría un recaudo estimado de $11,1 billones, destinado principalmente a financiar el sistema de salud y cubrir necesidades fiscales derivadas de la Emergencia Económica. Adicionalmente, el gobierno evaluaría recortes y ajustes al gasto público, incluida la revisión de partidas como una prima especial para congresistas, la posible congelación de recursos para proyectos viales 'con baja ejecución' y un decreto para obligar a los fondos de pensiones a repatriar cerca de $250 billones invertidos en el exterior, 'con el fin de financiar proyectos de infraestructura estratégica'.
En otras noticias, el Ministerio de Salud fijó el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC, el pago del sistema a EPS por usuarios en salud) para 2026 mediante la Resolución 276, con un incremento global del 12,94%, lo que elevaría los recursos del sistema de $89,8 billones en 2025 a más de $101,3 billones en 2026. El ajuste contemplaría un alza diferenciada del 9,03% para el Régimen Contributivo y del 16,49% para el Subsidiado, en lo que pretendería 'reducir' la brecha entre ambos, en cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional. El cálculo se habría basado en estudios técnicos con información reportada por las EPS y revisados por una comisión asesora integrada por el Ministerio de Hacienda, el DNP (Departamento Nacional de Planeación) y el IETS (Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud). Sin embargo, el incremento fue cuestionado por gremios de la salud, EPS, farmacéuticas y organizaciones de pacientes, que consideran que los recursos serían 'insuficientes' frente al 'alza de costos y los rezagos financieros' del sistema. En medio de la controversia por el UPC, que data de varios meses, Hospitales y clínicas indicaron que el ajuste no cubriría el aumento de los gastos laborales derivados del salario mínimo (otro tema de controversia), mientras que las EPS señalan que el 40% del gasto correspondería a talento humano. A su vez, organizaciones de pacientes y gremios refieren que la 'desfinanciación' podría 'profundizar' la crisis del sistema y las barreras de acceso a la atención.
Y en otras cifras, la Superintendencia Financiera anunció que a partir del primero de enero entraría en vigencia un nuevo ajuste en las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Para las categorías con rango diferencial por riesgo, definidas en los decretos vigentes, el incremento sería del 5,17%, correspondiente a la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT). Esto regiría para motos, taxis y buses, considerados vehículos 'de mayor riesgo'. En el resto de categorías, que representarían cerca del 50% del parque automotor del país, el aumento promedio sería de 0,38%, tras la revisión técnica y financiera del seguro. La entidad explicó que el ajuste habría tenido en cuenta factores como el crecimiento del parque automotor asegurado, que habría pasado de 9,9 a 10,6 millones de pólizas, una reducción en la frecuencia de accidentes de tránsito y una disminución de la siniestralidad general del SOAT. No obstante, que también habría influido el aumento en la severidad de los siniestros, es decir, el costo promedio por víctima, que habría subido de $2,6 a 2,8 millones entre 2024 y 2025, lo que habría incidido en la actualización de las tarifas para 2026.
Este primero de enero de 2026 también se conoció que comenzó un nuevo aumento en los precios de la gasolina y el ACPM en Colombia, según la circular publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). El precio promedio nacional de la gasolina corriente quedaría en $16.057 por galón y el del ACPM en 10.984 pesos, con incrementos aproximados de 90 pesos para la gasolina y 100 pesos para el diésel frente a los ajustes previos de finales de 2025. Los valores varían por ciudad: Villavicencio registraría la gasolina más cara y Pasto la más barata, mientras que el ACPM sería más costoso en Cali y más económico en Cúcuta (Norte de Santander). Estos precios regirían en todas las estaciones del país desde el primero de enero. El galón de gasolina corriente en Ibagué llegaría a $16.407 y el ACPM a $11.267. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: El Tiempo • Portafolio • La FM • El Heraldo • Vanguardia • Revista Cambio • El Olfato
