🕒 Última actualización:
diciembre 30, 2025
En un Mensaje a la Nación, el Presidente Gustavo Petro decretó el salario mínimo para 2026, fijándolo en $1.750.905, que junto con el auxilio de transporte de $249.095 completaría un ingreso mensual de $2.000.000. El aumento, equivalente a más del 23%, superó ampliamente las propuestas de gremios y centrales obreras y fue presentado por el Gobierno Nacional como una medida orientada a 'garantizar' un “salario mínimo vital” y a 'dinamizar' la demanda agregada de la economía. Durante la alocución presidencial, Petro sostuvo que el salario mínimo no debería entenderse únicamente como un 'ajuste técnico basado en inflación y productividad', sino como una 'política económica y social' que impactaría 'el consumo de los hogares, el empleo y las condiciones materiales de vida'. Según explicó, entre 2 y 3 millones de personas se verían beneficiadas 'de manera directa', lo que fortalecería 'los circuitos de la economía popular y el comercio local'. Se trata del mayor aumento en décadas.
El mandatario introdujo además el concepto de “salario mínimo vital familiar”, que, según afirmó, está contemplado en la Constitución y en acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero no se habría aplicado 'de manera efectiva' en Colombia durante más de tres décadas. Bajo este enfoque, se mencionó que el salario debería cubrir las necesidades de un hogar 'y no solo de un trabajador individual', considerando 'el tamaño promedio' de la familia y el número de personas ocupadas por hogar. Para sustentar el decreto, el Gobierno Nacional explicó que habría tomado como referencia una canasta familiar cercana a los $3 millones, un promedio de 3,4 integrantes por familia y 1,5 trabajadores por hogar. De esa “operación”, según Petro, surjiría el cálculo del ingreso vital familiar 'que respalda' el aumento, diferenciando entre el salario mínimo y el auxilio de transporte, ya que este último no aplica en todo.
El anuncio ha generado amplias reacciones a favor y en contra, estas últimas con críticas desde algunos sectores. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo a Noticias RCN que el incremento tendría 'consecuencias negativas' en tres frentes: 'inflación, deterioro de la calidad del empleo y aceleración de la sustitución laboral por tecnología'. Señaló que el aumento 'presionaría' los precios de la canasta familiar, llevaría al Banco de la República a subir tasas de interés y afectaría 'especialmente' a micro y pequeñas empresas, que 'difícilmente' podrían absorber un alza del 23% en sus costos. Mejía agregó que el resultado podría ser un 'aumento de la informalidad, mayor desempleo y riesgos de inflación de dos dígitos' en 2026, además de presiones sobre el tipo de cambio y los precios de los activos. En contraste, Petro defendió que el país registraría 'la tasa de desempleo y los niveles de pobreza más bajos del siglo', y sostuvo que el alza salarial impulsaría 'la redistribución de la riqueza y el crecimiento del empleo' al 'estimular el consumo'. Entre tanto, un complejo debate sobre el modelo económico y la distribución del ingreso en Colombia persiste.
Centros de estudio como Anif y la Universidad Externado refirieron 'riesgos de inflación, mayores costos laborales y afectaciones al empleo', 'sobre todo en pequeñas y medianas empresas'. Mientras tanto, precandidatos y candidatos presidenciales cuestionaron y otros respaldaron el alza como un 'estímulo al consumo y al poder adquisitivo'. Entre los críticos, figuras como Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo, Vicky Dávila, Paloma Valencia y Claudia López alertaron sobre una presunta 'pérdida' de empleo formal, 'traslado de costos a precios' y un 'impacto en informalidad y crecimiento'. En contraste, Iván Cepeda, Daniel Quintero y Roy Barreras, argumentaron que el ajuste 'impulsa el consumo, reduce brechas sociales y avanza hacia un salario digno', aunque reconocerían que un reto sería 'controlar la inflación'. La polémica se extendió al plano jurídico, tras una demanda presentada ante el Consejo de Estado que cuestiona si el decreto cumple los criterios técnicos exigidos por la Ley 278 de 1996, con base en un precedente de 2016. Expertos indicaron que el fallo solo puede declarar la nulidad total o la validez del decreto y que, de anularse, los efectos serían hacia el futuro, sin reversar pagos ya realizados. El punto clave sería determinar si el gobierno sustentó el aumento en variables como inflación, productividad, crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y poder adquisitivo, en un proceso que podría tardar más de un año. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Noticias RCN • RTVC • Caracol Radio • Revista Cambio • Infobae
