🕒 Última actualización:
enero 17, 2026
Al cumplirse un año del recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, Norte de Santander, la región seguiría enfrentando una de las crisis humanitarias más complejas del país en la actualidad. La ofensiva, escalada el 16 de enero de 2025 por el ELN contra el Frente 33 de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) habría dejado cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, según la Unidad de Víctimas, en un territorio considerado 'estratégico' por su ubicación fronteriza con Venezuela. En este contexto, la Defensoría del Pueblo presentó un informe en el que advierte que un enfrentamiento entre dos grupos armados habría derivado 'de manera rápida' en una crisis “sin precedentes por su masividad y corto tiempo de ejecución”. El documento recogería testimonios de víctimas que, por razones de seguridad, no habrían revelado su identidad, y daría cuenta de un inpacto de la guerra en comunidades rurales y funcionarios locales que habrían tenido que atender el éxodo de miles de personas. El informe señala además que las economías ilícitas, en especial las relacionadas con la coca, seguirían siendo el 'principal combustible' del conflicto y habrían 'condenado' al Catatumbo a una 'espiral de violencia casi permanente'. También, que esta dinámica habría permitido al ELN 'consolidar su poder' en la frontera colombo-venezolana, afectando a la población local, pero también 'a refugiados y migrantes', según el Consejo Noruego para Refugiados.
Las cifras serían de más de 7.000 personas 'amenazadas de muerte', 3.772 en situación de confinamiento, 66 homicidios (entre ellos seis firmantes de paz y tres líderes sociales) y cinco excombatientes desaparecidos. Aunque el Ejército reportó un refuerzo militar con más de 11.200 soldados desplegados, la Defensoría y organismos internacionales refieren que la respuesta del Estado debería ir 'más allá de lo militar' y priorizar 'la protección' de la población civil y 'soluciones estructurales' que ataquen las 'causas profundas' del conflicto. A propósito de todo, el Ministerio de Educación Nacional dijo 'rechazar' la confrontación armada entre grupos ilegales en el Catatumbo, especialmente en Tibú y El Tarra (Norte de Santander), por 'afectaciones graves' también en niñas, niños, adolescentes y comunidades educativas, 'poniendo en riesgo' el inicio del calendario escolar 2026. La cartera advirtió que los enfrentamientos vulnerarían el derecho a la educación y que, según el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, las escuelas serían 'bienes civiles' que deben ser protegidos. Y se llamó a los actores armados para 'respetar la vida e integridad' de la comunidad educativa, afectar la educación 'profundiza las brechas' de desigualdad en la región. Este reporte continúa en desarrollo.
En medio de todo, hace unas horas se reportó que el comandante del ELN, Antonio García, había dicho a AFP que la guerrilla estaría dispuesta a unirse a alias Iván Mordisco y a otros grupos armados si esa alianza tiene como objetivo enfrentar una eventual acción militar de Estados Unidos en Colombia. La propuesta surge tras la captura del considerado dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y ante lo que las guerrillas califican como una 'creciente intervención' de EEUU en la región. Aunque García evitó detallar cómo se daría esa cooperación, habría asegurado que el ELN “hará lo que tenga que hacer”. No obstante, el gobierno colombiano, tras tensiones iniciales y en un giro inesperado que incluye una visita del Presidente Gustavo Petro a su homólogo Donald Trump el 3 de febrero, habría acordado con Washington 'acciones conjuntas' contra el ELN en la frontera con Venezuela. En más del ELN, este sábado 17 de enero se reportó que Petro rechazó un ataque con drones explosivos por parte del grupo en Tibú (Norte de Santander), que dejó un soldado muerto y cuatro militares heridos, calificó la violencia de la guerrilla como 'producto de la codicia ligada al narcotráfico' y cuestionó que 'hablen de paz' mientras continúan asesinando campesinos y jóvenes. Además, que no habría negociaciones mientras persista la escalada en el Catatumbo, e incluso ha referido posibles acciones militares también junto a Venezuela 'si el grupo no abandona territorio vecino'.
A propósito de todo, recientemente la entidad aérea de Estados Unidos (FAA) emitió alertas de seguridad para aerolíneas y pilotos por 'riesgos potenciales' en el espacio aéreo del Pacífico cercano a México, Centroamérica y el norte de Sudamérica, debido a 'actividad militar e interferencias en la navegación satelital (GNSS)', que podrían afectar vuelos a todas las altitudes, 'incluso en despegues y aterrizajes' Los avisos estarían vigentes por 60 días sin que se haya precisado el origen de las interferencias ni que estas advertencias respondan a una solicitud de las Fuerzas Armadas estadounidenses. "Las aerolíneas colombianas ya fueron notificadas para adoptar medidas preventivas", dijo la Aeronáutica Civil de Colombia, país incluido en las alertas. Se da tras EEUU llevar a cabo ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico y cuando el Presidente Donald Trump advirtió el 8 de enero que iba a "iniciar ataques terrestres" contra los cárteles de la droga en México sin referir mayores detalles, aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum lo descartó. Los reportes continúan en desarrollo.
Vía: Portafolio • EFE • Zona Cero • La Silla Vacía • Caracol Radio • AFP • NTN24
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