🕒 Última actualización:
enero 02, 2026
El aumento del salario mínimo para 2026, fijado en un 23%, muy por encima de la inflación, encendió alertas sobre posibles efectos inflacionarios y mayores dificultades para que las familias colombianas accedan a vivienda. Ante este escenario, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el Gobierno Nacional expediría un decreto para desindexar o desvincular el valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) del salario mínimo, en lo que pretendería 'evitar' incrementos automáticos y fenómenos especulativos en un sector considerado clave para los hogares de menores ingresos. Actualmente, la VIS y la VIP están definidas en salarios mínimos, por lo que el alza salarial elevaría de manera directa los topes de precio, incrementándolos hasta en $49 millones según la ciudad y el tipo de vivienda, según Asocapitales. Según se conoció, este ajuste generaría impactos como 'menor oferta de proyectos, mayores presiones presupuestales en programas de vivienda y una reducción en la decisión de compra de las familias'. Además, Sanguino anunció un paquete de medidas que serían para 'vigilar los precios, declarar un estado de alerta y sancionar prácticas ilegales' con el objetivo de 'contener posibles efectos inflacionarios'.
Y es que el aumento del salario mínimo continúa generando controversia, pues tendría un impacto considerable sobre las finanzas públicas, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). La entidad calcula que esta decisión presuntamente abriría un hueco fiscal de al menos $5,3 billones en 2026 y que, a partir de 2027, el costo anual podría rondar los $8. También, que el mayor déficit alejaría al país del cumplimiento de la Regla Fiscal y deterioraría la sostenibilidad de la deuda, en un contexto de alto endeudamiento y 'poco margen de maniobra' para el gobierno. El Carf subraya que el ajuste sería 'excepcional' en términos reales, con un crecimiento cercano al 18,5% tras descontar la inflación, 'muy por encima del promedio histórico'. También, se dijo que ese salto elevaría 'de forma estructural' el gasto público, especialmente en el sistema pensional (con un costo estimado de $4,7 billones), además de incrementar los salarios de empleados públicos y contratos estatales indexados al mínimo. A esto se sumaría un posible menor recaudo del impuesto de renta corporativo, calculado en unos $2,7 billones anuales, lo que podría complicar más el impacto fiscal total.
En otras cosas sobre el tema, el gobierno expidió el Decreto 1485 del 31 de diciembre de 2026, con el que modificó el mecanismo de cobertura de deslizamiento del salario mínimo, un parámetro técnico usado para calcular algunas pensiones en los fondos privados, especialmente en modalidades como las rentas vitalicias inmediatas y diferidas. El cambio pretendería 'corregir distorsiones entre el aumento del salario mínimo y la inflación'. En 2026, mientras cerca de 1,2 millones de pensionados que reciben un salario mínimo tendrán un aumento del 23%, el resto vería incrementos cercanos al 5,3%, lo que reavivó el debate sobre la sostenibilidad y equidad del sistema. Y es que Asofondos y Fasecolda advirtieron que la medida podría traducirse en 'menos personas pensionadas, mesadas más bajas y mayores costos para el seguro previsional que cubre invalidez y muerte', con posibles afectaciones también al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Los gremios aseguran que el decreto supuestamente traslada a los trabajadores el costo del alto aumento del salario mínimo y elevaría 'de forma significativa' el capital necesario para pensionarse, por lo que anunciaron demandas. La polémica se suma a la intención del gobierno de repatriar inversiones de los fondos de pensiones en el exterior, lo que motivó la renuncia de la directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF) por desacuerdos (para mayor contexto, consultar en el blog).
El aumento del salario mínimo en Colombia tambiŕn desató un choque entre el Presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego de que la Alcaldía Mayor anunciara un incremento de $350 en la tarifa de TransMilenio, que pasaría de $3.200 a $3.550. El Distrito argumenta que el alza salarial elevaría los costos de operación del sistema, ya que 'miles de sus trabajadores devengan el mínimo', y que el ajuste tarifario sería 'necesario' para cubrir parte de ese impacto, estimado entre $126.000 y $148.000 millones. Petro reaccionó y aseguró que el aumento no sería necesario, pues el Gobierno Nacional financiaría una nueva flota de buses eléctricos 'que reduciría los costos' por pasajero, advirtiendo que podría retirar ese apoyo 'si se mantiene el alza'. Galán respondió que esos buses llegarían solo a partir de 2027 y que el monto real del financiamiento sería 'menor' al señalado por el presidente, abriendo una disputa política que se trasladó a redes sociales. Mientras el oficialismo acusa al alcalde de presuntamente usar la tarifa 'para desacreditar' el aumento del salario mínimo, la alcaldía refiere que no habría trasladó 'todo el impacto' a los usuarios y que mantendría subsidios para poblaciones vulnerables. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: Caracol Radio • Revista Cambio • El País
