🕒 Última actualización:
enero 31, 2026
Con una votación de 6 a favor y 2 en contra, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió suspender los efectos del decreto de Emergencia Económica del Gobierno Nacional, tras la caída de la Reforma Tributaria y en medio de un 'hueco fiscal'. Los magistrados que se apartaron de la decisión fueron Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, nominados directamente por el Presidente Gustavo Petro. Esta 'suspensión provisional' constituiría un revés a los efectos de la emergencia, en medio de una controversia por demandas de la oposición y sectores empresariales, y marca la primera vez desde 1994 que la Corte adopta esta medida contra un decreto de estado de excepción (como lo es la Emergencia). La Corte envió un mensaje sobre los límites del poder presidencial, señalando 'errores de forma y fondo' en el decreto, que incluían impuestos sin pasar por el Congreso. La suspensión era la tesis defendida por el magistrado Carlos Camargo, encargado de la decisión de fondo sobre la emergencia, y respaldada por el presidente de la Corte, Jorge Ibáñez, quien se había declarado impedido para participar en el debate. La Sala Plena fundamentó su medida en el Auto 272 de 2023, que permitió suspender provisionalmente normas, reinterpretando su aplicación frente a decretos de estados de excepción.
Entre los argumentos del alto tribunal se habría destacado la “ostensible violación de la Carta Política” y la 'ausencia de mecanismos alternativos' que 'impidieran efectos irreversibles'. También, que el decreto 'carecía de la firma de tres ministros' y no cumplía con la 'motivación suficiente', a pesar de alegar ocho causales. Los magistrados concluyeron que varias circunstancias referidas por el gobierno, como una 'falta de liquidez' por una negativa del Congreso a aprobar la tributaria, no eran 'extraordinarias ni sobrevinientes', y criticaron el uso de la emergencia para implementar medidas de la reforma no aprobada, considerando que se vulneraba 'el principio de separación de poderes'. El gobierno habría reaccionado de inmediato. El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió sobre los 'efectos fiscales y sociales' de la decisión, argumentando que la emergencia sería 'necesaria' para garantizar el pago de la deuda pública y 'compromisos' de seguridad social. Benedetti agregó que la Corte “está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre 3.000 y 104.000 millones de pesos” y consideró 'injusta' la suspensión. El presidente Petro también criticó la decisión y advirtió que trasladaría el costo de la crisis a la sociedad 'en su conjunto', que el debate se trasladaría al escenario político y que la ciudadanía decidiría quién pagaría los efectos de la crisis financiera.
En contraste, los principales gremios empresariales respaldaron la decisión de la Corte. Javier Díaz, presidente de Analdex (Asociación Nacional de Comercio Exterior), destacó una 'prudencia institucional' de suspender la emergencia mientras 'se analiza de fondo', señalando que no existirían 'hechos nuevos' que justificaran el decreto. María Claudia Lacouture, de AmCham Colombia (Cámara de Comercio de Estados Unidos en Colombia), dijo 'celebrar' la medida por evitar la recaudación de impuestos antes de conocerse el fallo definitivo, y Natalia Gutiérrez, del Consejo Gremial Nacional y Acolgen (Asociación Colombiana de Generadores de Energía), afirmó que la suspensión protegería 'la estabilidad institucional' y evitaría 'perjuicios irreparables' al recurrir a 'poderes excepcionales innecesarios'. Bruce Mac Master, presidente de la Andi (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), también valoró la decisión como 'de gran importancia' desde el punto de vista económico y constitucional, y que de no haberse suspendido se habrían producido 'efectos irreparables' sobre 'ciudadanos, empresas y entidades territoriales'.
El Presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros calificaron la medida como un 'prejuzgamiento' y una 'decisión con motivaciones políticas' la suspensión, y acusaron al alto tribunal de 'extralimitarse'. Aunque no hay aún una hoja de ruta clara para enfrentar el déficit de $16 billones que pretendería cubrir la emergencia, desde la Casa de Nariño señalan que el impacto no se sentiría en este gobierno sino 'en el siguiente'. En redes sociales, Petro ha planteado una estrategia política que incluiría denunciar un “bloqueo institucional”, 'convocar movilizaciones, insistir en una Asamblea Constituyente, en el contexto del arranque de la campaña presidencial de 2026. Tras la suspensión de la Emergencia Económica, Petro anunció un recorte de $16 billones (equivalente a lo que se esperaba recaudar) y que esto se suma a ajustes previos de $12 y $16 billones. Antes de la suspensión, el gobierno habría recaudado $1,65 billones (10% de la meta), principalmente por beneficios a contribuyentes morosos ($1,63 billones), además de un impuesto del 1% a exportaciones de carbón e hidrocarburos y un IVA adicional a licores importados, recursos que podrían tener que devolverse si la Corte declara inexequible la medida con efecto retroactivo; no obstante, expertos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) han considerado que el ajuste debería superar los $30 billones, mientras el gobierno sostiene que el 93% del presupuesto sería difícil de recortar o 'inflexible' y evaluaría como plan alterno aumentar la deuda pública. El reporte continúa en desarrollo.
Vía: La Silla Vacía • Revista Cambio • La FM • Colprensa • El Tiempo
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